Semanas complicadas para la conselleria de Drets Sociales. Si ya había bastante polémica por las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la Dirección General de la Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), se ha añadido los ceses de la directora y subdirectora de este ente, que gestiona hasta 19.000 menores, 9.000 de los cuales están separados de los padres por protección únicamente, seis meses después de sus nombramientos. Pues bien, Junts per Catalunya, Vox y la CUP han pedido explicaciones al ejecutivo de Salvador Illa por la gestión de todo ello. Lo han hecho a la sesión de control al ejecutivo, desde donde la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que harán una auditoría para afrontar el informe de la Sindicatura de Comptes.
Junts, Vox y CUP presionan al ejecutivo
Por una parte, la diputada de Junts per Catalunya Ennatu Domingo ha exigido más transparencia y rigurosidad en la gestión de los recursos públicos y ha recordado que pidieron la comparecencia de la consellera de Drets Socials, así como la exdirectora y exsubdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco y Joan Mayoral. ¿"Cómo piensa encauzar el trabajo y el liderazgo de la DGAIA"?, ha preguntado Domingo, que ha pedido definir una estrategia para salir de la crisis. La diputada de Junts ha acusado al exejecutivo de Illa de "débil", de estar "secuestrado por sus socios", y de que su normalidad quiere decir "ceses".
La diputada de Vox María García Fuster considera que el hecho de que la exdirectora estuvo vinculada más de treinta años a la DGAIA "desacredita la respuesta". "Hay dos posibilidades, que el Govern no sabe qué quiere en cuestión de Drets Socials o que las razones del cese son muy graves", ha dicho la diputada, que también ha acusado al Govern de falta de transparencia en los contratos de la DGAIA. "Muchas de ellas están vinculadas a excargos del Departament, con adjudicaciones a dedo", ha acusado Fuster. La diputada de la CUP Pilar Castillejo también ha defendido que es "imprescindible" que funcione bien la DGAIA y ha criticado PSC, ERC y Comuns que votaran en contra de seguir las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas. "Ustedes reconocen que las reglas de contratación pública no son aplicables a la DGAIA. Hace falta terminar", ha pedido.
Las explicaciones de la consellera
En cambio, la consellera ha dicho que no hay evidencias ni pruebas de una "trama corrupta", tal como ha apuntado la diputada de la CUP a Pilar Castillejo. "Tenemos que hacer un ejercicio de esperar a ver qué hay y no llegar a conclusiones precipitadas. Si no, damos argumentos a la extrema derecha", ha añadido. Martínez Bravo ha defendido los ceses y el relevo al frente de la DGAIA. Según ha dicho, hace falta una "reforma profunda" y ha señalado que "muchos de los problemas" los ha heredado de anteriores consellers. La consellera ha admitido que la dirección general necesita un "plan arreglo" y se ha comprometido a dar todas las explicaciones al Parlament sobre las mejoras que necesita la DGAIA. Según ha dicho, el Govern es consciente de que hay cuestiones que se tienen que revisar y se ha comprometido a hacerlo, sin entrar en detalles. Preguntada por varios partidos sobre el motivo de los ceses, la consellera ha defendido que la reforma necesita un "nuevo liderazgo". "No puede ser una dirección general que solo funcione, tiene que funcionar con un nivel de excelencia", ha añadido la consellera, aunque fuentes del Departament apuntaban en este diario que los motivos del cese eran las desavenencias internas.