El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado la orden de detención por Anna Gabriel. El juez no arranca aún el proceso internacional y mantiene la orden de detención en territorio español.

La jugada de Gabriel hace jaque mate en el Supremo. Lo deja en una posición complicada ante decisiones complejas, en el ámbito jurídico, que puedan sacar adelante.

Con la orden de detención se mantendrá la situación en tablas hasta que el magistrado se decida a pedir la extradición a Suiza y a hacerlo con garantías para evitar que le salga mal. Porque sabiendo dónde está Gabriel, tampoco es muy efectivo no pedir la extradición al país que toca, pero las complicaciones jurídicas para hacerla efectiva dejarían en un mal lugar a Llarena.

 

El convenio que regula este trámite policial y judicial es de 1882 y requiere una orden de prisión y que ninguno de los delitos sea político. Por eso Llarena lo tiene que tener muy bien atado antes de pedir una extradición, que quedaría para más adelante, para cuando el magistrado haya valorado exactamente los delitos por los que acusa a la dirigente de la CUP, los enfrente con la legislación suiza y realmente tenga garantías de salir adelante.

Plazos

El momento sería justo a la hora de hacer el auto del juicio oral. Esta misma fórmula es la que se prevé que aplique en el caso de Puigdemont. Y eso puede ocurrir dentro de un mes o dentro de un año, en función de si el magistrado Llarena acepta que la causa sea compleja, tal y como ha pedido la Fiscalía, y tenga un año más para acabar la instrucción.

Eso significa que Puigdemont, los cuatro consellers que están con ellos en Bruselas y Anna Gabriel tendrían un año de margen para preparar su defensa. Y que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en la cárcel todo este tiempo, porque todo hace prever que Llarena tiene la intención de dejarles entre rejas hasta el juicio.

Mañana de ausencias y no noticias

A pesar del anuncio en la prensa, la rueda de prensa de la CUP y el escrito del abogado de Anna Gabriel en el Tribunal Supremo, el magistrado ha mantenido la citación para esta mañana y la convocatoria de las partes.

Solo han asistido las acusaciones de abogacía del estado y Vox, que actúa de acusación popular. La Fiscalía se ha ahorrado el trámite y Llarena también, porque se ha quedado en el despacho esperando que la secretaría judicial le llevara el acta de incomparecencia que se ha firmado a las 10 h.

Vox ha pedido la orden de detención, la abogacía del Estado ha dicho que se sume a lo que pidiera la Fiscalía -detención y encarcelamiento-, y Llarena ha hecho lo que ya era un secreto a voces ayer: dictar una orden nacional.

El magistrado no se expone a pedir una extradición que no vaya a ningún sitio y deja Gabriel en la misma situación que Carles Puigdemont: en libertad pero sin poder poner un pie en territorio español a riesgo de ser detenida.

La jugada de Gabriel

La estrategia, similar a la de Puigdemont, no persigue otra cosa que "obstaculizar el proceso" —en palabras del abogado de Gabriel— que se ha puesto en marcha desde el Tribunal Supremo y que acabará, todo apunta, en condenas de entre 4 y 6 años por un delito de sedición. El juicio se realizará en el Supremo, donde no es posible presentar recurso, por lo tanto, la sentencia, una vez salga, será firme y de cumplimiento inmediato.

Por eso la estrategia de defensa de Gabriel es a largo plazo. No solo pensada en evitar ahora una prisión provisional, sino para evitar un juicio que la CUP considera que es político y que no tiene base jurídica.

Y justamente por este motivo y porque el caso está ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, una posible solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería probablemente rechazada por los tribunales de ese país.