La Junta Electoral Central ha utilizado todos los recursos a su alcance para hacer valer la "neutralidad" de los edificios de la Generalitat en precampaña electoral. También la facultad de ordenar al Departament d'Interior que los Mossos d'Esquadra retiren lazos, pancartas y "cualquier símbolo partidista" de sus fachadas. Y el árbitro electoral ha fijado un límite temporal en su acuerdo de este jueves: este viernes a las tres del mediodía. Y advierte al conseller Miquel Buch de las consecuencias que tendría no cumplirlo.
Concretamente, la resolución de la JEC establece que "esta medida tendrá que ser cumplida a las 15 horas del viernes 22 de marzo de 2019, debiendo de comunicar a la Junta el momento en que se produzca este cumplimiento." En la misma línea, advierte de las "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales" en las que podría incurrir el Departament d'Interior si no cumple con el acuerdo. Si no lo ordena el conseller Miquel Buch, la Junta lo ordenará directamente al prefecto de los Mossos.
El primer punto del acuerdo de la Junta Electoral requiere al conseller de Interior Miquel Buch para que ordene "de forma inmediata" a los Mossos d'Esquadra la retirada de los edificios públicos de la Generalitat de "banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de significado análogo, fotografías de candidatos o políticos, así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". A la policía catalana también le pide una "vigilancia permanente" para que no vuelvan a ser colocados.
Una vez más, el acuerdo de la JEC concluye requiriendo a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, para que informe dentro del plazo previsto sobre el cumplimiento de esta decisión.
En su reunión de este jueves por la tarde en el Congreso, que ha durado más de dos horas, la Junta Electoral Central ha optado por todos los recursos a su alcance, desde la orden a los Mossos hasta llevar al president Quim Torra a la Fiscalía por un delito de desobediencia --que puede comportar penas de inhabilitación-- o abrirle un expediente sancionador que puede acabar con una multa de hasta 3.000 euros.
Hay un precedente similar, el de la alcaldesa de Berga Montse Venturós (CUP), que fue condenada a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. Se negó a descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento durante las elecciones catalanas y españolas del 2015.