Organizaciones internacionales han atacado a España por desobedecer el Consejo de Europa, en relación con la Cañada Real (Madrid). Concretamente, denuncian que el estado español está "desacatando" la petición del órgano colegiado europeo de tomar "medidas inmediatas" para restablecer la electricidad de la población de los sectores 5 y 6 del asentamiento (unas 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños) — que sufren cortes de luz desde octubre del 2020. Y eso que se comprometieron 330 millones de euros para realojamientos en el barrio madrileño.

Son cinco las organizaciones que consideran que España incumple sus obligaciones como miembro de la Carta Social Europea, por no haber restablecido todavía el suministro eléctrico. El plazo para actuar que fijó el Consejo de Europa ya acabó hace casi tres meses, después de ser denunciada por estas entidades: CCOO, Defence For Children International, Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar y ATD Cuarto Mundo.

Obstrucción española a la justicia europea

Pero el estado español todavía "no ha hecho nada" para proporcionar luz y calefacción a la población vulnerable, han añadido asociaciones vecinales madrileñas — en una jornada sobre la Cañada Real en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED). Javier Rubio, abogado de la Asociación Tabadol, ha indicado a Efe que las "medidas inmediatas" indicadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales "serían una especie de medidas cautelares que no han sido acatadas en absoluto por parte de España". "Hay una actuación de obstrucción por parte de España a la justicia europea de derechos humanos. Es una vulneración muy grave, en pleno siglo XXI, que la región más rica del país haga dos años y medio que no da luz a población vulnerable que había disfrutado de ella desde hace treinta años", explica Rubio. Y añade: "Europa está dando la razón a los vecinos de la Cañada y las administraciones públicas están desobedeciendo este mandato".

Como decíamos, el estado español comprometió 330 millones de euros para realojamientos. Pero las asociaciones vecinales consideran que el ritmo de realojamiento "va muy lento" y la situación es "de emergencia humanitaria" en el sector 6. Así lo dice Houda Akrikez, de la plataforma cívica por el derecho a luz en la Cañada, que critica "la pasividad de las administraciones". También denuncian que la electricidad está interrumpida en el sector seis desde octubre del 2020, mientras que en el sector 5 hay luz "un día sí y un día no". Es así como el profesor Ignacio Campoy sostiene que se trata de "la violación de derechos más grave tendido en el tiempo" que ha habido en la España democrática, mientras que el profesor Alejandro Inurrieta añade que la situación es "un fracaso de la política". "En Madrid no gobiernan los políticos, sino las grandes empresas y en particular las grandes constructoras", concluye.