"La crisis económica pasa, la social no". Esta advertencia la lanzaba Oriol Ila, presidente de la Mesa del Tercer Sector, en una entrevista en 2015, justo después de asumir el cargo.

Illa es la voz de 3.030 entidades de cariz social, de lo que se denomina Tercer Sector. Les toca bailar con la más fea: la precariedad, la pobreza, la vulnerabilidad... en forma de rostro humano. Illa advierte que la crisis ha generado nuevas necesidades y su papel es el de acompañar y presionar a la administración para dar cobertura a las personas que están en situación de vulnerabilidad.

En esta entrevista con El Nacional, Illa habla de los presupuestos, de los retos de la administración en el ámbito de la atención a las personas y del desgraciado caso de Reus. La muerte de una mujer, a quien Gas Natural había cortado el suministro eléctrico, en un incendio originado por una vela. Según Illa, en este caso, la Generalitat tiene que imponer un castigo ejemplar a la compañía.

En el caso de la mujer muerta en Reus, hemos visto un fuego cruzado de acusaciones entre Gas Natural, el Ayuntamiento y el Govern. ¿Cual es su lectura?

Es evidente que es responsabilidad de todo el mundo porque esta señora era usuaria de servicios sociales desde el 2013. Por lo tanto, el Ayuntamiento es quien tiene que garantizar que tiene la cobertura necesaria. El Govern es quien tiene que garantizar que se cumple la ley 24/2015 de pobreza energética y que se incumplió. Pero, finalmente, quien tiene la responsabilidad de haber cortado el suministro incumpliendo la ley es Gas Natural. Por lo tanto, la última responsabilidad y la que causa directamente la muerte de esta persona es el corte del suministro. Después puede haber errores de coordinación en la administración. Pero lo que provoca la muerte es un corte de suministro ilegal. Por lo tanto, hay una responsabilidad enorme por parte de la empresa suministradora, que no es una responsabilidad puntual.

La última responsabilidad y la causa directa de la muerte de la mujer de Reus es el corte del suministro eléctrico

¿En qué sentido?

Es la consecuencia de una actitud mantenida en el tiempo de no querer hablar de este tema. No es un accidente puntual sino que Gas Natural se ha negado siempre a hacer frente a este tema y a firmar el protocolo con la Generalitat para garantizar el servicio a las familias vulnerables. Y, finalmente, cuando la empresa ha intervenido, ya se ha visto el tono de la reacción. Tú no puedes tener a una persona que ha muerto y salir hablando de protocolos. Me pareció una falta de sensibilidad. Si compareces es para decir que asumes la responsabilidad y comprometerte a que no se vuelva a repetir una situación así. Salieron para decir que la muerte de la mujer de Reus era culpa de un protocolo! Es evidente que todo el mundo tiene parte de responsabilidad pero hay un gran responsable que es Gas Natural.

No puedes tener una persona que ha muerto y salir hablando de protocolos. Me pareció una falta de sensibilidad

¿Es un caso puntual?

Se ha demostrado que la compañía ha hecho una cosa que ya intuíamos, porque nos lo habían dicho usuarios de servicios sociales a quienes se les había cortado el suministro. Ahora tenemos la certeza de que esta ha sido una práctica habitual. Por eso, el día que nos entrevistamos con el conseller de Empresa, Jordi Baiget, le pedimos que se hicieran inspecciones retroactivas para ver sobre qué personas y hogares se había hecho un corte de suministro. Eso es importante; un caso como el de Reus puede volver a pasar y nosotros queremos tener la certeza de que la administración es consciente de la situación de las familias vulnerables. Un corte en el suministro tiene que ser comunicado inmediatamente a la administración. Eso no se hizo.

¿El caso de Reus es un baño de realidad? ¿Hay más casos de pobreza energética de lo que pensamos?

El Idescat dice que más de 600.000 personas están en situación de pobreza energética. De este 8% de la población, que es una cifra enorme, lo que es evidente es que hay decenas y centenares de personas que están en situación de precariedad. Para nosotros, no es un tema menor. Por otra parte, querría apuntar otro elemento. La mayoría de las compañías de agua han firmado convenios y no cortan el suministro si el cliente no puede asumir la cuantía. Estas compañías de agua que han firmado el convenio dan servicio a un total de cinco millones de catalanes y no cortan el suministro por cuestiones económicas. En el caso de las eléctricas es a la inversa.

Las eléctricas han demostrado una insensibilidad brutal

¿Y por qué pasa eso?

No hay una razón objetiva pero las compañías de agua, por ejemplo, son más locales, más territoriales. A menudo son sociedades mixtas; con presencia de la administración pública. Pero creo que el elemento más importante es que son territoriales. Por ejemplo, la empresa de aguas de Castellbisbal, que es una empresa público-privada, conoce a las personas en situación de exclusión del municipio. En cambio, las eléctricas -sobre todo Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Fecsa-Endesa- son compañías que han demostrado una insensibilidad brutal. Tienen la sede en Madrid, allí toman las decisiones y, durante un año, no ha tenido ni la voluntad de hablar. En el caso de Reus, han enviado al abogado. Eso demuestra la insensibilidad y que la gestión de la empresa sólo se centra en los resultados.

Hemos pedido que haya una sanción dura y que la administración revise con efectos retroactivos los cortes de suministro de los últimos seis meses

La Generalitat se ha comprometido a hacer revisiones de oficio para comprobar que las eléctricas no cortan el suministro a personas que están en situación de pobreza. ¿Se fía? ¿Le tranquiliza?

Yo lo que he trasladado al conseller de Economía, Oriol Junqueras, es que si, en un caso extremo como el de Reus, la Generalitat no actúa de forma contundente, el mensaje que se da es el de la impunidad ante el incumplimiento de la ley. Hemos pedido que no sólo sea contundente: que haya una sanción dura, que la administración tenga una posición fuerte, y que revise con efectos retroactivos los cortes hechos en los últimos seis meses y que se apliquen las sanciones correspondientes. La vía sancionadora se ha utilizado muy poco. La Generalitat ha abierto unos ochenta expedientes sancionadores y nos dicen que es un proceso muy pesado, pero siguen siendo pocos. Si utilizas el instrumento sancionador, presionas a las empresas. Este es un instrumento que no se utiliza. Ahora ya no hay excusa para no utilizarlo y para hacerlo con toda la intensidad posible.

Las entidades sociales pagaron, en 2015, más de 200.000 euros en facturas. Esta es la solución fácil

En octubre denunciaron que se había anulado el Bono eléctrico. ¿Para qué estaba pensado y por qué se suspende?

No se deja de lado pero una sentencia del Tribunal Supremo dice que eso no lo tienen que asumir las eléctricas sino el Estado; por lo tanto, los contribuyentes públicos. Nosotros lo hemos criticado porque estas empresas tienen grandes beneficios. Si tenemos que bonificar las facturas de los que no pueden pagar, entre todos los contribuyentes.... Eso ya lo hacen las entidades sociales: en 2015 pagaron más de 200.000 euros en facturas. Esta es la solución fácil. Nosotros pedimos ir más allá, que se cumpla lo que dice la Unión Europea: los suministros básicos -gas, luz y agua- se tienen que garantizar para las personas vulnerables. Eso dicen las directivas. Hay países que optan por un suministro mínimo y otros por la bonificación.

¿Y cuál fue nuestro modelo?

El Estado español optó por la bonificación. Hasta un 25% de personas vulnerables. El problema estaba en quién pagaba esta factura. La ley contemplaba que lo asumieran las compañías eléctricas y la sentencia del Tribunal Supremo dice que no; que en beneficio de la competitividad de un mercado, que además es cerrado, se tiene que asumir vía presupuestos públicos. Nosotros hemos pedido al conseller que organice una reunión con todos a los agentes para consensuar un nuevo Bono social y poder plantearlo en Las Cortes, ahora que las mayorías son diferentes.

Presupuestos: Para nosotros no es relevante que haya mil millones más. Lo que queremos saber cual es el impacto en las personas

Ahora que hablamos del conseller, usted ha pedido al Govern que este incremento de 1.000 millones de euros en gasto social -educación, asuntos sociales y salud- se incorpore al plan de choque y no a las conselleries. ¿Por qué este matiz?

Es un matiz técnico. El Govern lo que hace es sumar las partidas de cada uno de los departamentos. Nos dice "el 75% de los presupuestos se destina al Estado del Bienestar". Nosotros lo que queremos es que los recursos destinados a estos departamentos tengan impacto sobre las personas. Para nosotros no es relevante que haya mil millones más. Lo que queremos saber cual es el impacto en las personas.

¿Por ejemplo?

Cuando hablamos de aumentar la renta mínima de inserción y que se aumente en 70 millones, lo que estamos diciendo es que vuelva a abarcar a todos los usuarios que tenía en 2011, que es un poco menos del doble. Hablar de las partidas de los departamentos en abstracto no quiere decir nada. A mí me interesa saber a cuánta gente hemos cubierto.

En el 2011, 23.000 personas que no tenían ningún ingreso dejaron de percibir una prestación

Con respecto al plan de choque social -uno de los puntos que contempla el acuerdo de investidura de Puigdemont con la CUP-, ¿en qué momento nos encontramos?

El plan de choque contempla muchas medidas; si miras las que se han cumplido o las que están en fase de ejecución, son la mayoría. Si hacemos un análisis más minucioso, está, por ejemplo, la renta mínima de inserción (RMI). Cuando nosotros hacemos énfasis en esta cuestión, lo hacemos porque con los recortes del 2011 se modificaron los criterios. Entonces había alrededor de 50.000 beneficiarios. Ahora tenemos unos 27.000 porque se impusieron criterios más restrictivos. Eso quiere decir que 23.000 personas que no tenían ningún ingreso, dejaron de percibir una prestación. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de la RMI que, de una u otra actuación, que tenga un alcance menor.

Resumiendo...

Plan de choque: grandes cifras, estamos en un nivel de cumplimiento razonable. Por actuaciones, está el tema de la RMI, el tema de residencias para las personas mayores....

No tenemos un sustituto para la ley de dependencia. El Estado no nos paga, de acuerdo. Pero tú, a los dependientes, los sigues teniendo

¿Eso no lo ha paliado la ley de dependencia?

Es que no se ha podido desarrollar esta ley y no tenemos un sustituto para la ley de dependencia y personas dependientes en nuestro país hay muchas. Este es un debate que todavía tenemos que encarar. ¿Por qué? Porque es muy complicado e implica a muchas administraciones -por lo tanto, políticamente tiene que haber acuerdos- y necesitamos recursos. Pero es evidente que hay una necesidad de dependencia. Afrontar estos debates es difícil pero es la responsabilidad de los gestores. El Estado no nos paga, de acuerdo. Pero tú, a los dependientes, los sigues teniendo. Necesitas saber cuál será tu propuesta para suplir la carencia que tienes -y está detectada- que es que el 50% de la financiación que te serviría para cubrir la ley de dependencia y no la tienes.

Los políticos con los que habla, ¿son sensibles a esta cuestión? ¿Se comprometen?

Sensibilidad hay pero cuando aterrizas a los debates es cuando están los matices. Tanto la administración local como la Generalitat, son sensibles. Ahora, después hay que ver si somos lo bastante eficientes y eficaces para conseguir que las políticas que hacemos y recursos que tenemos acaben impactando. Aquí está la crítica o la queja: no siempre se es lo bastante eficiente con los recursos. A la administración, adaptarse al cambio, le cuesta mucho y las cosas han cambiado mucho desde el 2011.

Cuando chocas con la política del día a día es cuando ves que las grandes transformaciones que hay que hacer no se hacen

Digame una prioridad en este sentido.

Está clarísimo que tenemos que integrar la red sanitaria y social porque eso nos permite dar una mejor atención al usuario. Hace años que sabemos que es beneficioso tener un historial clínico y social compartido porque así, podremos anticipar que una persona vulnerable desarrollará ciertas enfermedades. Eso depende de la voluntad política y de un sistema tecnológico que ya existe pero hay que poner de acuerdo a dos departamentos y dos colectivos profesionales. Cuando llegamos a estos puntos que podrían hacer cambiar el sistema a mejor, es cuando encontramos los obstáculos. Cuando chocas con la política del día a día es cuando ves que las grandes transformaciones que hay que hacer no se hacen. Por lo tanto, puede haber sensibilidad pero las reticencias son mayores que la sensibilidad. Nosotros tenemos que hacer que sea a la inversa; que, a pesar de los problemas, la sensibilidad sea superior.

Servicios sociales, ¿es otro ejemplo?

Nosotros hemos dicho que tenemos entidades por todo el territorio que pueden ser acreditadoras de indicadores de vulnerabilidad. Es decir, si yo como entidad social atiendo a una persona vulnerable, yo puedo informar a los servicios sociales para que tengan constancia. No hace falta muchos informes para saber que una persona que está atendida constantemente por una entidad, está en situación de vulnerabilidad. Eso no costaría mucho pero no es tan fácil de hacer. Es un tema de gestión, no de recursos.

La factura de la luz ha subido un 73% desde el 2010

La crisis ha generado nuevos problemas sociales. El tema de la factura energética que hablábamos antes es un ejemplo. La factura ha subido un 73% desde el 2010. Eso quiere decir que todos los que tenían prestaciones mínimas o salarios muy bajos, se ha encontrado colgados con este incremento. Es una situación nueva de vulnerabilidad y la administración tiene que dar respuesta.

Ahora hacía referencia a la gestión. Ustedes alertan del riesgo de que grandes multinacionales y constructoras se adjudiquen concursos públicos del ámbito de la atención a las personas y servicios sociales. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona donde el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) se lo ha quedado una empresa del grupo de Florentino Pérez y una filial de la constructura Sacyr...

Estos servicios que contrata la administración referidos a las personas tienen que ofrecerlos entidades de base: del tercer sector o de la economía social. No puede ser que un servicio de atención a las personas lo preste una multinacional que se ha dedicado a la seguridad o la construcción y ahora, porque los presupuestos públicos se orientan a las personas, oferten un servicio de atención a las personas como quien contrata un servicio de limpieza. Necesitas la calidad del servicio, que el objeto de la empresa sea la atención a las personas. Estas empresas ven el sector como un nincho de recursos. Atender a las personas no es como hacer carreteras. No puede ser que sea una subasta y que se lleve la adjudicación quien haga una mejor oferta económica porque, si tú rebajas el precio, lo que dices es que la calidad del servicio no es importante o que quieres ofrecer lo mismo pagando menos a los profesionales y eso tampoco es justo.

La suspensión parcial de la ley de la vivienda defiende a los grandes tenedores

Cambiamos de tema, el Parlament aprobó a principios de noviembre una ley antidesahucio diseñada para dar solución a los problemas de vivienda y para esquivar el veto del Tribunal Constitucional que ya suspendió parcialmente una ley que daba cobertura al Govern y municipios para actuar sobre esta necesidad. ¿Están esperanzados? No sé si tienen la sensación de que, aparte de la magnitud de la tragedia, son víctimas del conflicto político entre administraciones....

Es duro y sobre todo en el caso de la vivienda. La ley que suspendieron parcialmente estaba inspirada en una ILP con mucho apoyo y la ley incorporó gran parte de las demandas ciudadanas. Una vez aprobada la ley, algunas empresas presentaron recursos sobre los puntos que afectaban a la vivienda. El recurso prosperó y se anuló. Mi lectura es que no es un problema competencial, que también, sino que es sobre todo un problema de modelo. La suspensión parcial de esta ley defiende a los grandes tenedores de vivienda.

¿En qué sentido?

Pues que se defiende a los grandes tenedores -bancos, por ejemplo. Lo que decía la ley es que estos grandes propietarios -no particulares- tienen la obligación de ofrecer un alquiler social si el inquilino no puede pagar. Eso suponía pérdidas para los bancos. La respuesta de las entidades financieras fue directamente recurrir. Con la sentencia se reconoce que prevalece el derecho a la propiedad de los grandes tenedores -más de 2.500 metros cuadrados de vivienda- en contra de la persona que, en un momento dado, no puede asumir el alquiler.

Volvemos a estar en una situación de preburbuja inmobiliaria

¿Y en qué situación está el parque de vivienda social?

En Barcelona mucho peor que en Catalunya porque hay más presión. Y con el crecimiento económico de los últimos meses, todavía empeorará. Los grandes tenedores no ponen los pisos en el mercado porque, si esperan, saben que sacarán más rentabilidad que ahora. Eso quiere decir que durante los años de la crisis aprendimos poco. Si éramos un país con poco parque de vivienda social tendríamos que haber puesto toda la carne en la parrilla para aumentarlo. Ahora volvemos a estar en una situación de preburbuja. Las entidades del tercer sector con vivienda social captamos los pisos de particulares: les ofrecemos restauración y el pago del alquiler si lo podemos tener en vivienda social. Pero los grandes tenedores siguen teniendo 47.000 viviendas vacías.

El ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta semana una sanción económica de 315.000 euros a la Sareb, el BBVA y el Santander por tener pisos vacíos durante más de dos años. ¿La administración tiene que sancionar más?

Es un gran instrumento y para la administración y es relativamente fácil controlarlo. Se trata de priorizar. Está muy bien sancionar a los grandes tenedores pero no se tiene que hacer de forma puntual sino convencida y recurrente. Si crees en eso, tienes que movilizar el parque y, sobre todo, en Barcelona. Lo único que puede detener grandes procesos es la administración pública.

Mis prioridades son hacer crecer las entidades, la vivienda y la atención a la infancia

Cambiando de tema, es el presidente de la Mesa del Tercer Sector desde el 2015. ¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado?

La Mesa se impulsó en 2003 y, en estos años, se ha consolidado y ha hecho un gran trabajo. Como prioridad externa creo que está la vivienda. Es un instrumento imprescindible para la autonomía de las personas. Y en clave interna, hacer crecer el sector. Nuestros adversarios son tan fuertes que necesitamos que el tercer sector, la economía social y todo aquello que representa sea mucho más fuerte. Tenemos que conseguir que las entidades crezcan, que nos podamos aliar con el movimiento cooperativo y con todo lo que es economía social y no economía de mercado. Y, por supuesto, hay que poner el acento en la infancia. Es fundamental. Viendo a los niños hoy, podemos saber cuáles serán las desigualdades de mañana. Trabajar sobre la infancia es fundamental porque, además, son los que no se quejan nunca.