Oriol Pujol está pendiente de la ejecución de la condena de dos años y medio de prisión a la que fue condenado por caso de las adjudicaciones a dedo de las estaciones de ITV durante el Govern de Artur Mas.
Es la primera condena contra un miembro de la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
La fiscalía ha pedido su ingreso en la prisión. Su abogado se opone. Su abogado, Xavier Melero, pedirá que se suspenda la pena y se sustituya, ya que ha sido condenado a tres penas por tres delitos que no llegan por separado los dos años. Y hoy la jueza hace la vista para decidir si ordena el ingreso inmediato o no. Lo que no será inmediata será su decisión porque ya ha anunciado que hoy no dirá nada.
Deja la decisión para después de fiestas, el que no augura ninguna buena noticia para los Pujol.
Después de la vista de Oriol Pujol hay la de su socio y amigo Sergi Alzina, condenado a dos años de prisión.
La Audiencia de Barcelona va condenado Oriol Pujol por cobrar comisiones y utilizar su influencia política para favorecer empresarios en el caso del aplazamiento del concurso para obtener estaciones de ITV.
La Audiencia condena a Oriol Pujol a la prisión por cobrar comisiones y utilizar su influencia política en las ITV
El juicio fue uno visto y no visto. Una sesión corta donde se va formalizado el acuerdo con la Fiscalía. Pujol, pasó sólo diez minutos en el banquillo de los acusados y evitó un juicio con jurado popular con su pacto con el Ministerio Público. Lo condenaron finalmente a cinco meses de prisión por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.
La Audiencia de Barcelona también condenó a Oriol Pujol a ocho meses de prisión por un delito continuado de soborno y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de prisión y 21.000 euros de multa. La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, ha sido condenada a una pena de 15 meses de prisión por un delito continuado de soborno y otro de falsedad sustituibles por una pena de multa de 69.750 euros, además de una multa de 13.500 euros, de manera que en total tiene que pagar 83.250 euros.
Al empresario Sergi Alsina lo condenaron a una pena de dos años de prisión y una multa de 103.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, delitos de soborno y soborno continuado y falsedad documental.
Finalmente, a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor tienen una condena de cinco meses de prisión sustituibles por una pena multa de 60.000 euros, además que el segundo tiene una multa de 55.000 euros.
Además, se ordena el comiso de 311.838,13 euros de don que pagó el empresario Sergi Alsina a Anna Vidal, y de otros 22.000 euros pagados por Sergi Alsina y Ricard Puignou el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona.
El caso ITV
Según los hechos probados, aceptados por los acusados, en el 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Catalunya, por una "sugerencia activa "de Pujol, que usó para eso su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento.
El interés de designar Tous en este cargo por parte de Pujol partía que lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciera los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones por diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Gobierno.
Puignou, por beneficiar el nuevo concurso de estaciones, pagó entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 cantidades que oscilaban entre los 11.800 euros y 23.600 a Sergi Alsina a cambio de sus influencias políticas causa de su amistad con Pujol, y a su vez, Alsina pagaba mensualmente 2.360 euros a Josep Tous, el responsable de ordenar el sector.
Asimismo, según el plan "urdido y previendo el aumento de estaciones a adjudicar", los acusados Sergi Alsina y Sergi Pastor, lideratos para Oriol Pujol, crearon la sociedad Upprime para que se viera favorecida en el reparto de lotes de ITV, aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados.
En paralelo, entre el año 2010 y 2012, Sergi Alsina, a través de las consultoras Alta Partners y Bersenat hizo de intermediador en varias deslocalizaciones como la de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Yamaha, y la instalación de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), unos procesos en los cuales intervino Pujol facilitando contactos de altos cargos y beneficiando los intereses de las empresas representadas por el empresario.
Para "gratificar la tarea realizada por el acusado Oriol Pujol", Alsina contrató aparentemente los servicios de su esposa Anna Vidal en concepto de asesoría, que era ficticio, a cambio de retribuciones económicas.
La sentencia considera que "la intervención de Oriol Pujol tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaban."
El importe total de las facturas cobradas por Anna Vidal "por servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2010 a 2012, fue de 381.450,40 euros. Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol.
El pacto con la Fiscalía
El hijo del expresidente suscribió un pacto con la Fiscalía en que conseguía que su mujer eludiera la prisión a cambio de una pena multa, un acuerdo al cual finalmente se adhirieron los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.
Al principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de prisión para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.
En su calificación inicial, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de los delitos de tráfico de influencias, por el cual pedían dos años; soborno, por el cual solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo cual pedían dos años más.
Después de la vista en que se ratificó este pacto, el abogado Xavier Melero afirmó que su cliente estaba "aliviado que todo acabe y desolado por como acaba", después de ser imputado cuando era diputado en marzo de 2013.