La situación del catalán podría entrar en fase crítica si no hacemos nada para revertirlo. Este es el grito de alerta de Plataforma per la Llengua. Con 28 años de historia, la organización se ha convertido en la entidad de referencia con respecto a la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes y la promoción de la lengua. Su presidente, Òscar Escuder, hace un llamamiento a recuperar nuestra autoestima como hablantes.
¿El catalán está en vías de desaparecer?
Está en una situación que desde Plataforma per la Llengua calificamos de emergencia lingüística. No en el sentido que en los próximos años tenga que desaparecer, pero hay claras señales de alarma. Se puede comparar con la emergencia climática: la Tierra no está punto de convertirse toda ella en un desierto, pero sabemos que tenemos que tomar medidas para que eso no ocurra en el futuro. La lengua está en la misma disyuntiva, hay motivos para estar alerta y tenemos que afrontar la situación para garantizar su supervivencia.
En definitiva, el tiempo se nos está agotando.
Se nos empieza a acabar. No se trata de ser excesivamente alarmistas, pero en los últimos 15 años hemos perdido medio millón de hablantes habituales y eso no es una cifra para estar satisfechos y decir que todo va muy bien. Muchas veces se nos quiere hacer creer que el catalán está hipersubvencionado e hiperprotegido. Eso es una hipermentira: es exactamente al revés. No hay ninguna lengua con 10 millones de hablantes que esté legalmente tan desprotegida como la nuestra. Si a todo eso le sumamos la poca autoestima lingüística de muchos catalanohablantes se crea tal cóctel que, si fuera una bebida, no nos la beberíamos.
No hay ninguna lengua con 10 millones de hablantes que esté legalmente tan desprotegida como la nuestra
En cambio, los datos muestran que estamos en el momento de la historia donde más gente entiende el catalán.
Una cosa es la gente que lo sabe hablar y que lo entiende, que en cifras absolutas es el mayor número registrado jamás, y el otro el porcentaje de gente que lo utiliza en su día a día. Este último es solo en un 32%, seguramente el más bajo de la historia. Eso quiere decir que tenemos una paradoja bastante importante que se produce por múltiples factores. Pero, en definitiva, el catalán se encuentra en un ambiente hostil.
De hecho, habláis de "supremacismo lingüístico" a la hora de referiros a las políticas del Estado español.
La sensación que tenemos, basada en hechos reales, es que el Estado español querría ser como el Estado francés y no lo ha conseguido. Y esperamos que no lo haga, porque significaría la uniformización del territorio lingüísticamente, folklorizando totalmente las lenguas cooficiales. Si no es así y realmente se creen lo que dice la Constitución, que todas las lenguas son "patrimonio cultural" y que "merecen especial respeto y protección", que lo pongan en práctica.
¿Por dónde se debería empezar?
La prueba que no es una manía nuestra, es que hace 20 años que el Estado español ratificó la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias y no la está respetando. Y no lo decimos sólo nosotros, lo dice el Consejo de Europa, que cada determinado tiempo evalúa su cumplimiento. Se sigue contraviniendo y la situación no mejora. Eso demuestra que no existe voluntad política, porque los aspectos a cambiar están muy identificados. Sobre todo están ligados a la atención de los funcionarios, que, como mínimo, tendrían que entender la lengua del lugar donde están destinados.
En especial, habéis registrado conflictos en relación a la policía y la Justicia.
Mucha gente ha tenido experiencias negativas en relación a la policía y eso nos ha transmitido que podemos tener más problemas si entramos en una comisaría a renovarnos el DNI hablando en catalán, que si lo hacemos en castellano. No tiene por qué pasar algo si no cambias de lengua, pero hay quien lo hace de manera preventiva. Y eso se aplica a todas las administraciones del Estado, especialmente a las de Justicia.
¿Pasa lo mismo en los ámbitos que dependen de los gobiernos autonómicos?
En este caso, el principal foco de quejas está en la Sanidad. En teoría todos los trabajadores públicos tienen el deber de poder garantizar la atención en catalán, pero en la realidad no se aplica. Tenemos casos de personas que han ido al médico o a la enfermera y estos se han negado a atenderlos hablando en catalán; les han pedido que cambien de lengua o directamente les han insultado. Es bastante cierto que todo el mundo habla también el castellano, pero nadie nos tiene que obligar a cambiar de lengua si no lo queremos hacer. Somos poco conscientes de que eso forma parte de nuestros derechos lingüísticos.
Uno de los datos más sorprendentes del InformeCAT 2020 es que el 51% de los habitantes de Catalunya creen que catalán, valenciano y mallorquín son lenguas diferentes.
Básicamente es por desconocimiento. Un desconocimiento que se ha atizado desde las mismas instituciones y administraciones. Si siempre que vas a un cajero automático ves que diferencia entre catalán y valenciano, eso te puede acabar influyendo. Y el mismo pasa con las webs de las administraciones del Estado español. En el 2020 publicamos un estudio que mostraba que el 42,9% de las páginas del Gobierno que tienen versión en catalán practican el secesionismo lingüístico. Y eso que con respecto al total de páginas, solo el 29,6% están traducidas parcial o residualmente y el 1% están traducidas completamente. Son cosas menores, pero suman. Y muchos años oyendo a gente que dice mentiras, hace mella.
De hecho, hace pocas semanas Pablo Casado aseguró que las variantes de Mallorca, Menorca y Formentera no son catalán, sino una lenguas diferenciadas entre si.
Es diferente. Porque el 51% de las personas que viven en Catalunya no tienen mala fe lingüística y en el caso de Pablo Casado este es un factor que está presente, porque seguro que no lo ha dicho por ignorancia. Que encuentre un departamento de filología que diga que existen todas estas lenguas que nombró. Son ganas de fragmentar y uniformizar, de hacer que estas lenguas se conviertan en residuales. A nadie se le ocurriría decir que lo que se habla en Buenos Aires y Madrid, o en Londres y Melbourne son lenguas diferentes.
Uno de los puntos calientes es la ley Audiovisual. El anteproyecto establece que las plataformas de streaming tendrán que tener una cuota mínima de un 30% de obras audiovisuales europeas y que el 50% de estas tendrán que estar en una de las lenguas oficiales en España. El CAC reclama que dentro de este 50%, la mitad de los productos sean en catalán, gallego o euskera, ya que se considera que no se ha tenido en cuenta la diversidad cultural y lingüística en el sector.
Ya tenemos pocos contenidos en catalán y, si este redactado de la ley sale adelante, todavía habrá menos. Se trata de revertir el problema y se profundizará. Durante la negociación, los gobiernos autonómicos tienen que tener claro que es una línea roja que no se puede pisar. Si no, lo pagaremos muy caro. Tenemos que conseguir tener una lengua normal.
¿Qué quieres decir?
La meta es que nos podamos desarrollar en catalán en todos los ámbitos y eso pasa también por el audiovisual. No reclamamos 400 canales en catalán, lo que queremos es tener unos cuantos y disponer de oferta suficiente para todo el mundo. A finales de 2019 publicamos un estudio sobre Netflix que indicaba que 335 largometrajes de ficción y documentales de la plataforma tienen versión en catalán. Sin embargo, esta solo se incorporaba en 4 casos. Y la mayoría de estas versiones, sean doblajes o subtítulos, están pagadas con dinero público. Si pagas dinero público es para aprovecharlo al máximo y eso quiere decir que llegue al público en todas sus versiones. Más todavía cuando la ley del Cine indica que el doblaje o la subtitulación tiene que ir enganchado a la película allí donde va.
¿Hace falta que el Govern sea más exigente?
Necesitamos un Govern que diga "tenemos esta ley y se tiene que cumplir". El Tribunal Constitucional recortó la ley del Cine y rebajó el 50% de estrenos en las salas en catalán que exigía la Generalitat inicialmente al 25%. Pero es que ahora mismo estamos por debajo del 3%. Desde que se aprobó en el 2010, hemos tenido Governs que han sido incapaces de hacer cumplir una normativa aprobada por el Parlament de Catalunya. Otra ley que se aprobó el mismo año y que nunca se ha cumplido es el Código de Consumo, que hace obligatorio el etiquetado en catalán en los productos que se comercializan en Catalunya. Lo aprobó el Parlament y ya ha pasado por el TC y, sin embargo, ninguna conselleria de Empresa la ha hecho cumplir.
En 2019 publicasteis el Estudio sociolingüístico en los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Catalunya que dejaba datos preocupantes.
La juventud y los niños son importantísimos, porque son el futuro. Y la situación es preocupante tanto en la secundaria como la primaria. El estudio muestra que incluso en las zonas donde el catalán es la lengua mayoritaria, como máximo el 45% de las conversaciones entre alumnos se desarrollan en catalán. Si educamos una generación de personas que en su infancia y adolescencia no hablaban catalán en el ocio, será difícil que eso cambie cuando lleguen a la edad adulta.
Se nos transmite que el catalán no es una lengua útil.
El paro entre los castellanohablantes que no usan el catalán es el doble que entre los que sí que saben hablarlo. El porcentaje de personas desocupadas es del 21,7% y el 11,7 %, respectivamente. Y los datos muestran que no hay distinciones entre la gente que habla catalán como lengua materna y los que lo han aprendido posteriormente. Esto demuestra la utilidad social que todavía tiene la lengua: lo más importante son las capacidades, no el origen.
Necesitamos un Govern que diga "tenemos esta ley y se tiene que cumplir"
¿Tenemos que promover la militancia lingüística?
Si decides hablar exclusivamente en catalán, te costará dos o tres semanas acostumbrarte. Al principio quizás te sientes incómodo, pero es una sensación que después pasará. Mucha gente sufre, porque piensa que no lo entenderán, pero es mentira. De hecho, las estadísticas indican que el 94,4% de las personas que viven en Catalunya entienden el catalán. Otro paso es comprar productos etiquetados en catalán o priorizar páginas web que lo tengan como opción. Y reclamar respeto por nuestros derechos y denunciar cuándo estos son vulnerados.