Nuevas medidas en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a causa del caso Koldo. Después de conocer los resultados de la auditoría interna que encargó el mes de febrero, el ministro Óscar Puente ha decidido cesar al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. Los dos tienen la condición de investigados y están citados a declarar como imputados en la Audiencia Nacional a principios de septiembre. Puente ha argumentado esta decisión por la “pérdida de confianza” tras conocer los resultados de la auditoría sobre las compras de mascarillas durante la pandemia. En marzo, Puente destituyó al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que estaba al frente del organismo cuando se adquirieron ocho millones de mascarillas por veinte millones de euros a la empresa implicada en el caso Koldo.

 

“Me van a permitir que no haga valoraciones respecto de esa decisión, limitándome a señalar que los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada producen una pérdida de confianza que desemboca en esta decisión”, ha argumentado Puente. Y ha señalado que, con esta medida, no pretende “prejuzgar ni realizar ningún tipo de valoración que tenga que ver con cuestiones que solo atañen a los tribunales de justicia”, sino que se ha basado “exclusivamente en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría practicada”. La auditoría tenía la misión de analizar los dos contratos adjudicados por emergencia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, relacionada con la trama Koldo, por parte de Adif, Puertos del Estado y el propio Ministerio para la compra de mascarillas en los momentos más duros de la pandemia.

Fue a finales de julio cuando el juez Ismael Moreno acordó imputar a los dos altos cargos que ahora han sido cesados y los citó a declarar el próximo 9 y 11 de septiembre en calidad de investigados. En mayo, la Fiscalía Anticorrupción había pedido imputarles y les atribuía presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El magistrado de la Audiencia Nacional está investigando una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus: concretamente, está analizando ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.

¿Y qué conclusiones arroja la auditoría?

Según ha relatado Óscar Puente, la auditoría ha encontrado, entre otras deficiencias, la falta de justificación de la elección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria, cuando era la peor valorada. Además, la búsqueda de otros candidatos para la compra de material sanitario no estuvo suficientemente documentada y hubo una ausencia de actos formales de suministro en las entregas. La auditoría, que se hará pública íntegramente, también pone nombres propios encima de la mesa: menciona que la intervención de algunas personas ajenas al Ministerio en el proceso de compra fue excesiva. Puente ha puntualizado que esto hace referencia al empresario Víctor de Aldama, y no a Koldo García, que en aquel momento era asesor del ministro José Luis Ábalos.