Carmen García Martínez. Este es el nombre de la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que se encarga de la investigación contra el conseller Raül Romeva, el ex secretario del Diplocat Albert Royo y el secretario de Govern, Víctor Cullell, además de otros siete cargos de la Generalitat por malversar fondos públicos para "internacionalizar" el procés. ¿Pero quién es esta magistrada? Pues bien, es una vieja conocida para los movimientos sociales activistas de la capital catalana por su oscuro currículum.
Tanto es así que hace seis años se abrió una campaña en la plataforma Change.org para pedir su inhabilitación. En esta petición, que recogió más de 19.600 firmas, se denunciaba que García Martínez había dictaminado prisión preventiva para manifestantes sin antecedentes ni pruebas inculpatorias que habían sido arrestados aleatoriamente.
"Es una auténtica vergüenza que señoras de probada parcialidad, subjetividad e incompetencia, que sentencian con alegría medidas desproporcionadas faltando a la razón, al derecho y la libertad, sigan ejerciendo poder represor de estado", se recoge en el escrito de la plataforma Change.org, que todavía se puede visitar.
Ciudad Muerta
Uno de los casos más controvertidos en el cual desarrolló sus tareas como magistrada son los conocidos como el 4-F, que se recogen en el documental Ciutat Morta (Xavier Artigas i Xapo Ortega). La noche del 4 de febrero del 2006, una fiesta en una casa ocupada en el centro de Barcelona, acabó con un policía en coma por, presumiblemente, el impacto de una maceta que le cayó en la cabeza y había sido arrojada desde un balcón.
Por estos hechos, la policía detuvo a Rodrigo Lanza, de origen sudamericano, y, posteriormente, dos jóvenes más en un hospital, que negaron haber estado en la fiesta. Los jóvenes denuncian que sufrieron torturas. García Martínez fue la jueza instructora en el caso del 4-F, que comportó dos años de prisión preventiva para los jóvenes hasta que se celebró el juicio. Además, también se hizo cargo de las denuncias por torturas por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, que denunciaron los acusados. Estas, sin embargo, fueron archivadas.
Este, sin embargo, no es el único asunto polémico que rodea en García Martínez. El 29 de marzo del 2012 también decretó prisión provisional para tres jóvenes que habían participado en una huelga general. Finalmente, sin embargo, la Audiencia de Barcelona consideró que era excesiva esta condena. En este sentido, estimó que los hechos descritos en los atestados policiales no presentaban "la apariencia de gravedad suficiente para decretar la prisión". Por eso, este tribunal ordenó la liberación de los tres procesados.
Además, también decretó prisión provisional para Sergi Rubia, miembro del grupo casteller de Sants, detenido mayo del 2014 durante el desalojo de Can Vies. Finalmente, después de permanecer 23 días en prisión preventiva, fue absuelto.
Ahora García Martínez es la jueza instructora que se encarga de investigar si Romeva y Royo contrataron trabajos y estudios para crear las estructuras de una Catalunya independiente e internacionalizar el procés. Por este caso, también ha citado a declarar a Roger Albinyana (ex secretario de Asuntos Exteriores), Teresa Prohias (ex directora de servicios), Aleix Villatoro (ex secretario general de Exteriores), Raül Romeva, Roser Clavell (secretaria general del Diplocat entre el 2012 y el 2013), Manuel José Vila Motlló (ex director General de Cooperación al Desarrollo), Gerard Martí Figueras (ex secretario general del deporte) y Antoni Reig (ex director del Consejo Catalán del Deporte).
La petición de Change.org finaliza con un mensaje claro hacia la magistrada: "Señora, dediques en otra cosa ...."