El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el president Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defenderse de la demanda civil que Carles Puigdemont y el resto de exiliados en Bélgica presentaron contra él, según ha informado El Español. La petición de amparo de Llarena se estudiará este jueves a la comisión permanente del CGPJ.
Puigdemont y sus consellers habían demandado a Llarena, desde Bélgica, su lugar de residencia, por considerar que la instrucción de Llarena vulneraba su derecho a un juicio justo. Es por eso que el juez del Supremo estaba citado ante el juez en Bruselas el 4 de septiembre, aunque no se le ha notificado la citación porque la justicia española la ha devuelto a Bélgica sin complimentar alegando que afectaba a la soberanía del Estado.
Llarena asegura que la demanda en Bélgica es un "ataque planificado, grosero y fraudulento" en su contra. Llarena alega que los actos de la justicia española tienen que ser revisados por la propia justicia española y apunta que tan sólo puede ser juzgado por el Supremo porque como magistrado de este organismo, es aforado.
El aforo de los jueces no es habitual en la justicia europea. En España, uno de los países del mundo donde hay más aforados (más de 10.000), fue establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2014 se planteó la abolición del aforo de los jueces. Aunque algunas organizaciones de magistrados y fiscales vieron la reforma con buenos ojos, se opuso firmemente la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. En la época la dirigía, justamente, Pablo Llarena. Afirmaba que el aforo "no era ningún privilegio".