El nombre de Pablo Lucas Murillo ha vuelto a la primera página de la actualidad política porque es uno de los jueces que aspira a presidir el Consejo General del Poder Judicial. La elección continúa atascada, después de que los tres intentos que han hecho los vocales para ponerse de acuerdo hayan naufragado. Y decimos que este juez del Tribunal Supremo ha vuelto a ser noticia porque hace un tiempo ya lo fue por haber autorizado el espionaje al independentismo con Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia y, especialmente, por haber permitido que se espiara al abogado Gonzalo Boye y, al mismo tiempo, hubiera sido el encargado de pronunciarse sobre diferentes procedimientos judiciales que implicaban a sus clientes. Ahora, el nombre de Pablo Lucas lo han puesto sobre la mesa los vocales conservadores del CGPJ: “Es un candidato de consenso, con un perfil más progresista, aceptado en el Supremo y que puede gustar y satisfacer al otro bloque”, argüía María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (la mayoritaria y conservadora), en declaraciones en ElNacional.cat.

🔎 La nueva presidencia del CGPJ, atascada por el enroque de progresistas y conservadores

 

Apartado de la resolución de los recursos de Puigdemont, Comín y Ponsatí

Visto el papel de Pablo Lucas con las causas vinculadas al independentismo, Gonzalo Boye puso en marcha una batería de recursos al Supremo para reclamar que las sentencias en que participó el magistrado fueran anuladas por la indefensión en que se encontraron sus clientes. “Ha tenido un efecto devastador sobre el derecho de defensa de los recurrentes, que sufrieron en este proceso una situación efectiva de indefensión material, a consecuencia de las sin duda ilícitas actividades del juez Pablo Lucas, impropias de un juez de un Estado democrático de derecho”, denunciaba Boye.

Finalmente, la Sala Tercera del Supremo aceptó apartar a Pablo Lucas de la resolución de los recursos presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que habían pedido la anulación de una sentencia sobre su condición de eurodiputados y del que el magistrado fue ponente. En concreto, el Alto Tribunal se pronunció en contra de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuando pidieron la protección de sus derechos fundamentales cuando la Junta Electoral Central denegó la remisión del acta de proclamación de electos en el Parlamento Europeo. En el escrito, el abogado de los líderes independentistas alegaba “falta de imparcialidad del magistrado por haber tenido un elevado grado de detalles sobre la estrategia procesal”, cosa que habría provocado una situación de indefensión contra ellos, vulnerando las comunicaciones abogado-cliente. El juez rechazaba esta acusación, pero, con el objetivo de preservar la “apariencia de imparcialidad”, solicitó la abstención en la resolución de los recursos presentados contra esta y otras sentencias en las que participó en 2019 y 2020.

📝 Boye fustiga el Supremo con recursos para anular las sentencias del juez que lo espiaba con Pegasus

 

La reacción de Carles Puigdemont llegó a través de Twitter. El presidente en el exilio apeló al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunciando que su abogado “había sido espiado por el juez que había dictado sentencia” sobre sus procesos judiciales: “¿Este es el Estado de derecho europeo?”, se preguntaba. Por su parte, Gonzalo Boye también dejó un interrogante en el aire: “Si no espiaron la estrategia de defensa, ¿qué estuvieron espiando?”.

Un recurso de amparo de Puigdemont y Comín al Tribunal Constitucional

Además, en septiembre del 2022, Carles Puigdemont y Toni Comín presentaron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra Pablo Lucas pidiendo la nulidad de varias resoluciones del Supremo en las que participó el magistrado, que también había “autorizado la intervención de los dispositivos del abogado recurrente”. La defensa de los tres eurodiputados consideró que se perpetró una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva y del derecho de defensa. Sin embargo, el TC inadmitió las recusaciones planteadas.

Reproches del independentismo: críticas de Turull, Nogueras y Botran y petición de ERC para que comparezca en la comisión de investigación de Pegasus

Los últimos años, el independentismo ha sido muy crítico con la figura de Pablo Lucas. Uno de los últimos a pronunciarse ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que esta mañana ha censurado a través de Twitter que Lucas es el “candidato ideal para acabar de desguazar el Estado de derecho”. Si vamos más atrás, encontramos algún debate en el pleno del Congreso de los Diputados con menciones al magistrado. En marzo de 2023, durante la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato, la portavoz de Junts en la cámara baja, Míriam Nogueras, criticó que el hecho de que Lucas autorizara espiar a Gonzalo Boye y, al mismo tiempo, fuera ponente de resoluciones sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí era de una “gravedad inexcusable”. “Por las mañanas nos espiaba y por las tardes resolvía nuestros recursos”, denunció. Por su parte, Albert Botran se refirió a él durante el debate de una proposición de ley del PNV para reformar el CNI. El diputado de la CUP reprobó que Lucas “no viera ningún exceso ni ninguna violación de derechos fundamentales para descartar el espionaje a abogados”, cosa que “vulnera claramente el derecho a la defensa”. “¿Qué control judicial es este? ¿Se puede esperar un poco de la judicatura española para protegernos de los excesos del CNI?”, se preguntó desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

Finalmente, Esquerra Republicana ha incluido el nombre de Pablo Lucas en su lista de solicitudes de comparecencias en la comisión de investigación de Pegasus del Congreso. Sin embargo, la comisión está paralizada y tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial se han mostrado contrarios en repetidas ocasiones a citar jueces para que den explicaciones en comisiones parlamentarias. La Comisión de Venecia tampoco lo avala. Pablo Lucas sí estuvo citado en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre el Catalangate, pero se negó a ir.

Ponente de las revocaciones de Dolores Delgado y Magdalena Valerio

Ahora bien, el pasado de Pablo Lucas no se ciñe únicamente en casos vinculados al independentismo. Nos tenemos que remontar a noviembre de 2023, en dos pronunciamientos del Tribunal Supremo. Por una parte, Lucas fue uno de los ponentes de la sentencia que apreció “desviación de poder” en la propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para promover a fiscal de Sala a su predecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado. Días más tarde, fue el ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de “jurista de reconocido prestigio”.

Un intento naufragado de ser elegido magistrado del TC

La trayectoria de Pablo Lucas también habría podido pasar por el Tribunal Constitucional. En diciembre de 2023, no obtuvo los votos necesarios (tres quintas partes) para ser elegido magistrado del TC por parte del Consejo General del Poder Judicial: fue un fracaso de los conservadores en el intento de imponer a sus candidatos. Finalmente, los vocales del CGPJ escogieron por unanimidad César Tolosa y María Luisa Segoviano.

Bonus track: Pablo Lucas compareció en el Congreso en 2019 durante la tramitación de una reforma de la ley de los indultos

Si recurrimos a la hemeroteca, veremos que Pablo Lucas fue protagonista en el Congreso de los Diputados en enero de 2019. Compareció en calidad de magistrado del Supremo, catedrático de Derecho Constitucional y miembro emérito de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas durante la tramitación de una reforma de la ley que regula los indultos promovida por el PNV. El nuevo texto incluía, entre otras cuestiones, la prohibición de los indultos por “delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público con la finalidad de obtener un beneficio económico para si o para uno tercero”. El debate se celebró dos años antes de que Pedro Sánchez anunciara los indultos a los presos políticos.

Lucas se mostró partidario de que los indultos sigan existiendo porque son un “instrumento útil”, aunque él mismo reconoció que era una “figura extraña” en un contexto de separación de poderes, dado que tiene elementos que “dejan un margen de apreciación notable a quien tiene que tomar la decisión de concederlo”. Esgrimió que su existencia “no implica ni poderes exorbitantes ni situaciones ajenas al regular el funcionamiento de las instituciones” y defendió que, a diferencia de lo que proponía al PNV, “no tendría que haber ningún otro límite” que los que marca la Constitución. Además, sostenía que, como pasa ahora, los informes del tribunal sancionador no tienen que ser vinculantes a fin de que el Gobierno tenga un “margen de apreciación en atención a las circunstancias de conveniencia o utilidad pública que puedan existir”.