El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto este domingo a disparar contra el líder de su partido, Pedro Sánchez, y sus pactos con el independentismo. Esta vez lo ha hecho sobre la noticia de la semana: el cierre del acuerdo definitivo entre el PSOE y Junts per Catalunya para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. El barón manchego ha opinado que la exigencia de los independentistas responde al "racismo evidente" de la formación de Carles Puigdemont. De hecho, ha hecho una comparación directa entre el presidente en el exilio y Donald Trump: "Me pasa lo mismo con uno y con el otro; y es que reiría si la cosa no fuera seria". "Vivimos en democracias enfermas, porque ahora puedes votar a un loco y resulta que ya tiene el poder absoluto", ha dicho en referencia al magnate norteamericano y al "mando a distancia" que desde Waterloo mueve los hilos de Madrid.
Durante un coloquio en un foro económico, el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que "el Estado no puede hacer dejadez de Estado". Pero, de todos modos, ha pedido eludir el debate sobre si el nuevo pacto PSOE-Junts vulnera la Constitución. Ha dado a entender que el pacto sí que es constitucional cuando ha dicho que "muchas de las políticas que implantaría Vox son perfectamente constitucionales; algo puede ser constitucional y de extrema derecha". "Cualquiera que se considere de izquierdas no puede tragarse lo que sería lo mejor para Quim Torra o Carles Puigdemont", ha manifestado.
En sus críticas a Pedro Sánchez, ha lamentado que en el Congreso de los Diputados se estén planteando políticas "por chantaje, no por convencimiento". "Yo no quiero ser un colaboracionista de la extrema derecha de Puigdemont", ha aseverado además de decir que "es preferible renunciar a un presupuesto" que pactar las cuentas generales del Estado a cambio de las políticas que quiera Junts per Catalunya.
El pacto definitivo Junts-PSOE en inmigración
Junts per Catalunya y PSOE registraron este martes en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley en la que las competencias en inmigración se delegan a la Generalitat de Catalunya. El pacto entre socialistas y juntaires estipula que la administración catalana se podrá encargar ahora de proponer expulsiones de inmigrantes que tengan prohibida su entrada en Catalunya, así como que la policía catalana tenga presencia en las fronteras y trabaje de forma coordinada con la policía española y la Guardia Civil.
El texto también señala que los Mossos se encargarán de la seguridad de puertos, aeropuertos y otras zonas críticas. También se incrementará el número de efectivos de la policía catalana en 1.800 agentes, hasta llegar a los 26.800 efectivos. La Generalitat también gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros y Catalunya se configurará como "ventanilla única" de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y expedirá el documento de identidad de los extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado. Para más detalles, puedes clicar aquí.