Cuando faltan menos de 24 horas para que, con toda probabilidad, el Parlament apruebe la ley contra las ocupaciones "con alteración de la convivencia vecinal", la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha salido a los atriles de la cámara catalana para evidenciar su rechazo. Acompañada de representantes de ERC, la CUP y los comuns, la portavoz Lucía Delgado ha denunciado que la proposición de ley, presentada por Junts y que contará previsiblemente con el apoyo del PSC si no hay un cambio de última hora, afectará especialmente a aquel sector de la sociedad que se encuentra en una situación más precaria. "Perjudicará a las familias vulnerables que han tenido que ocupar una vivienda vacía de la banca porque no tienen acceso a una vivienda digna", ha advertido Delgado.
Para cargarse de argumentos, en la rueda de prensa también se ha dado la voz a Samantha, que vive en un piso vacío del fondo buitre Blackstone, y sufre que pueda ser una víctima de esta iniciativa legislativa. "Me podría afectar al tema de la convivencia vecinal, que se pusieran contra mí para ser una ocupa del bloque de pisos donde vivo", ha alertado. Y es que, hoy por hoy, la propuesta de Junts busca facultar tanto a los ayuntamientos como a las comunidades de vecinos a reclamar judicialmente el desalojo del inmueble ocupado si el propietario no ha actuado en un plazo de treinta días y se cumplan dos requisitos: que haya una "alteración grave de la paz social" y que sean propiedad de grandes tenedores, como la Sareb. "Aunque no haya ninguna mala relación ni ningún conflicto, siempre serás la ocupa a que todos miran con menosprecio porque no pagas un alquiler como el resto", ha lamentado Samantha.
Es por eso que la PAH ha pedido a Junts, pero también al PSC, que presenten una serie de enmiendas por evitar la criminalización de aquel sector más vulnerable que ocupa porque no tiene alternativa. "Queremos exigir unas enmiendas de mínimos", ha dicho la portavoz. Entre sus puntos prioritarios, que la nueva legislación haga una "mención expresa" para excluir a las familias vulnerables y que retire la facultad a las comunidades de vecinos de forzar los desahucios. Además, también exigen que se evite la formulación poco acotada de ocupaciones conflictivas, ya que es una mención "muy genérica".
"Electoralismo" de Junts y el PSC
Según ha explicado la misma Lucía Delgado, los activistas por la vivienda han intentado ponerse en contacto con los dos partidos principales, pero los juntaires no los han escuchado y los socialistas solo los han atendido este mismo martes. Eso sí, a pesar de atenderlos, constatan que el grupo de Salvador Illa tampoco comparte su posicionamiento. Es por eso que han acusado a los dos partidos de actuar con "hasta electoralistas" y la mirada puesta sobre los comicios municipales del próximo 28 de mayo, ya que la iniciativa legislativa es un "absoluto despropósito". "La proposición está mal formulada, porque no traslada la responsabilidad a quien toca", ha advertido. "Quien abandona las viviendas es la propiedad, que después vincula las ocupaciones a los delitos con la única finalidad de especular y negar viviendas sociales".