Cuatro meses después de que una DANA arrasara el País Valencià, desde Utiel hasta Algemesí, la vida para los afectados sigue siendo muy complicada. El fatídico 29 de octubre quedará en la memoria de los valencianos, que vieron cómo las calles y las casas de sus municipios fueron devoradas por un torrente de agua nunca registrado en esta zona. El barro ya no domina todas las calles, donde, desde hace semanas, los coches vuelven a circular, aunque el rastro de este barro perdurará como una cicatriz para siempre. Todavía quedan garajes y sótanos llenos de agua que hay que drenar, y una gran parte de coches evacuados solo se han trasladado a descampados al aire libre, pero siguen suponiendo el mismo riesgo para la salud de los ciudadanos de la zona, como sucede en el desguace de Muro, junto al río Agres.
🟠 INTERACTIVO | La fuerza del libro tras la DANA: "El sector ha estado mucho más a la altura que las instituciones"
De los 80 municipios afectados, 28 todavía se mantienen en nivel 2 de alerta, es decir, que siguen necesitando ayuda externa para resolver la emergencia, principalmente los de la zona cero, como Paiporta, Aldaia, Torrent o Utiel. Otros 75 municipios han bajado al nivel 1, al considerar que su estructura municipal es suficiente para gestionar la emergencia —entre ellos Pedralba, que ha pedido volver a la situación 2—, mientras que los 163 municipios restantes de València han dejado de estar en emergencia. La actividad económica todavía está lejos de volver a la de antes de la DANA. Los datos son aterradores, según revela un estudio reciente del Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), las pérdidas alcanzarían los 17.000 millones de euros, y todavía hay 31.902 trabajadores que se encuentran en un ERTE. Además, el órgano que coordina la emergencia, el CECOPI, ha pasado de celebrar reuniones diarias a dos por semana, una de ellas con la participación de los alcaldes de las 28 zonas más afectadas, que han pedido que se agilicen los peritajes y el pago de las ayudas del Consorcio de seguros.
🔴 Combatent el fang: el documental de El Nacional que habla con el mundo editorial tras la DANA
🔴 València cuatro meses después de la DANA, una normalidad relativa | FOTOS
El sector del libro, sin ayudas cuatro meses después
Una cuarentena de editoriales perdieron miles de ejemplares y diez librerías quedaron gravemente afectadas —algunas de ellas desaparecieron bajo el barro en cuestión de minutos. ElNacional.cat se ha desplazado hasta la zona para saber cómo están las librerías y las editoriales cuatro meses después de que el agua se lo llevara todo. Todavía no han llegado las ayudas públicas prometidas y la literatura en valenciano, despreciada y olvidada por la Generalitat de Carlos Mazón, no pasa por su mejor momento. La indignación y la resiliencia conviven entre los profesionales del sector editorial, que ha perdido centenares de miles de ejemplares y una posibilidad de negocio de varios millones de euros. Según el Gremi de Llibrers de València, la valoración de los daños apunta a pérdidas de más de un millón de euros, con diez librerías afectadas, y la Associació d’Editorials del País Valencià calcula que los daños económicos ascienden a unos 16 millones de euros a precio de mercado. Pero las preocupaciones por la industria y los daños materiales se mezclan con historias personales que hablan de incertidumbre, rabia e indignación, aunque también de esperanza. Y hemos hablado con algunos de los testimonios.
Está la historia de supervivencia del Camacuc, la revista infantil en valenciano que fue censurada por Vox en 2023 y que ha perdido 40 años de historia bajo el barro. La sede quedó totalmente destruida, y se perdieron originales para siempre irrecuperables. Pero Joan Escrivà, segunda generación e hijo de uno de los fundadores, sigue al pie del cañón y pilota a solas una publicación convertida en referente para la cultura y la lengua en el País Valencià. "En ningún momento hemos pensado en cerrar; al revés, hemos aumentado las suscripciones y tenemos más ganas que nunca de continuar con el proyecto", explica. O también el testimonio de la librería Somnis de Paper, en Benetússer, a la que el Ayuntamiento ha cedido un puesto en el mercado municipal para que pueda continuar su actividad mientras reconstruye su local, que quedó totalmente arrasado por la gota fría.
🟠 Joan Escrivà, editor de Camacuc: "No les hace falta el desastre de la DANA para acabar con el catalán"
Guerra política
Aparte del desastre natural, los valencianos también tienen que observar cómo se produce el enfrentamiento político entre el gobierno de Carlos Mazón y el gobierno español por la gestión de la emergencia, así como por la velocidad con la que llegan las ayudas a los damnificados. Los primeros días después de la DANA, parecía que ambas administraciones irían de la mano, ya que el president valenciano agradeció públicamente a Pedro Sánchez su ayuda. Sin embargo, la DANA se ha utilizado como ariete contra el adversario político. Más de cien días después, Mazón sigue siendo uno de los grandes señalados, y València ha vivido cinco manifestaciones multitudinarias exigiendo su dimisión, la última este mismo sábado. Además, se han presentado las primeras iniciativas ciudadanas para denunciar a los responsables del desastre ante la justicia, como Mai Més.
El barón popular, que no se ha reunido con las asociaciones de víctimas, ha rehuído durante cuatro meses las preguntas sobre qué hizo la tarde de aquel 29 de octubre, y no ha sido hasta esta semana que ha revelado la hora exacta a la que llegó al CECOPI, a las 20.28 horas, 17 minutos después de que se enviara el móvil. Hasta ahora, Mazón había mantenido que llegó "a partir de las 19 horas". Con todo, sigue sin aclarar qué hizo en las seis horas entre el almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana, y la llegada al CECOPI, cuando ya había zonas inundadas y el servicio de emergencias estaba sobrepasado. Para demostrar la veracidad de las últimas declaraciones, la Generalitat valenciana filtró una imagen de las cámaras de seguridad del momento de la llegada del presidente valenciano.
A pesar de su prolongada ausencia, Mazón insiste en que el día de la DANA se produjo un "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que acusa de no avisar de la brutal crecida del barranco de Poio. Sin embargo, la CHJ desmiente al president popular con un audio publicado del president sobre los avisos de ese día. Por otro lado, la Generalitat ha responsabilizado a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, de la decisión de enviar el aviso a la ciudadanía a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de municipios inundados y varias personas desaparecidas. Los partidos de la oposición, Compromís y PSOE, han reclamado reiteradamente la dimisión de Carlos Mazón. Sin embargo, hace solo una semana, las Corts Valencianes rechazaron exigir la dimisión del president por su gestión de la DANA. Así pues, con 41 votos a favor y 53 en contra, la propuesta de Compromís fue desestimada.
La ayuda de las administraciones
La lucha por las ayudas de las administraciones es también una de las constantes de los últimos meses. La Generalitat Valenciana exige constantemente más ayudas y rapidez al Gobierno de Sánchez. De momento, el Gobierno ha dispuesto un total de 16.600 millones de euros. Tiene 375.882 solicitudes de afectados, y ya ha dado 2.204 millones, un 13,2% (del que más del 9% procede del Consorcio de Compensación de Seguros). Por su parte, el gobierno valenciano ha movilizado 897 millones en ayudas directas, y ya ha pagado 337,7 millones.
🟠 Una parada de libros en una carnicería, tras la DANA: "Creíamos que no podríamos volver a empezar"
Pulso judicial de las víctimas
La indignación de los familiares de las víctimas de la DANA con las administraciones públicas se ha empezado a trasladar a los tribunales en forma de denuncias y querellas, que se están centralizando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, para depurar responsabilidades ante las 227 víctimas mortales. La titular del juzgado ya ha avanzado en la petición de documentación de la Generalitat sobre quién envió el mensaje de alerta, así como información a la CHJ sobre los caudales del barranco de Poio y las presas de Forata y Buseo, así como la información que dieron durante toda la jornada del 29 de octubre. Además, la magistrada ha encargado un informe pericial sobre los daños psicológicos ocasionados a los familiares de las víctimas.
El sumario de la causa, que recoge decenas de testigos de familiares de víctimas y afectados por el temporal, ha revelado que la mayoría de las muertes se produjeron antes de la alerta. En concreto, el análisis de las denuncias presentadas concluye que la mayoría de víctimas murieron entre las 19 horas y las 20 horas en bajos, ascensores o mientras intentaban rescatar a sus vehículos de los garajes.
Existen varias asociaciones que están ayudando a los damnificados en su lucha judicial. Es el caso de la Associació de Damnificats de l'Horta Sud, que agrupa a 340 personas vecinas de catorce localidades inundadas, fundamentalmente, por las aguas del barranco de Poio. Estos damnificados ya han formalizado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 9 de València contra la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso —también fue destituido—; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y la jefa de Emergencias, Inmaculada Piles. Además, también va dirigida contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Por su parte, Mai Més València también prepara una querella denunciando la posible comisión de un delito de homicidio imprudente y señalan a Carlos Mazón, Salomé Pradas y los miembros del Cecopi tanto en representación de la Generalitat como del Gobierno, la delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la CHX, y el responsable de la AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez. La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos también ha reunido a 180 familiares de 70 víctimas mortales (también de las registradas en Castilla-La Mancha) y espera formalizar una querella ante la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha recibido nueve denuncias o querellas relacionadas con la DANA de València, por delitos como la omisión del deber de socorro u homicidio imprudente.