La Generalitat valenciana ha sancionado con multas de 4.000 euros a dos participantes en una marcha del partido de ultraderecha España 2000 el 12 de octubre en València, por exhibir banderas franquistas en la vía pública.
Son las primeras sanciones que se imponen por actos de enaltecimiento del fascismo, que están tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memòria Democràtica y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros. Según han señalado fuentes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, las multas son pioneras en el Estado español.
El procedimiento sancionador se inició a partir de una denuncia de la Coordinadora de Associacions per a la Memòria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la polémica manifestación.
Las resoluciones de sanción declaran a las dos personas, autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y "por lo tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas", de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática.
Los denunciados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las que "no niegan los hechos ni su participación, sino que solicitan el archivo del expediente al entender que estos hechos no son constitutivos de la infracción imputada y que no hay ningún dato que acredite su asistencia a la manifestación".
Alegaban que en el reportaje fotográfico aportado "sólo aparecen banderas de España con el lema 'Gobierno dimisión' y que la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional (vigente desde 1977-1981), ni anticonstitucional (ya que el escudo aparece en la Constitución Española)".
Las resoluciones detallan en cambio que "la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, al lado de la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte esta manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista".
"Por lo tanto -añaden-, para los que ocasionaron un agravio al régimen de libertades y al sistema democrático del Estado español, la repetición de futuro tiene que ser precavida y evitada por los poderes públicos".
Aseguran que "comporta un perjuicio agravado de la orden constitucional y de la convivencia democrática, ya que se trata de una conducta que ha tenido lugar al abrigo del ejercicio de derechos constitucionales, como son el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación, con evidente extralimitación en su ejercicio al celebrarse la manifestación con una finalidad diferente de la comunicada a la Delegación de Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes".