La titular del juzgado de instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú ha dejado en libertad provisional a la pareja acusada de malversar fondos concedidos por el ayuntamiento de Sitges, según ha comunicado el gabinete de prensa del TSJC, este viernes. Son Juan Carlos Nicolás y su mujer Maria Mercedes Pradanas, titulares de la Asociación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf, que al mismo tiempo hacían contratos menores con el consistorio con la cooperativa Llocs, Espais y Indrets (LlEI) 1918. La policía española sostiene que habrían malversado unos 600.000 euros, junto con sus hijos. En la causa, también son investigadas la alcaldesa de Sitges, Autora Carbonell (ERC), que el miércoles fue detenida, junto con 10 personas más, entre concejales y técnicos municipales, por permitir estas supuestas irregularidades. Su declaración en el juzgado todavía no tiene fecha. La pareja detenida se ha acogido a su derecho a no declarar y la magistrada ha fijado que tienen que estar a disposición del juzgado siempre que sean requeridos, según el TSJC. No se les ha impuesto ninguna medida restrictiva. El exalcalde Miquel Forns (CiU) también es una de las personas investigadas. Todos son investigados por los delitos de malversación de fondo, prevaricación y falsedad documental.
En una resolución judicial, se expone que de las investigaciones realizadas por la policía española “se habría constatado supuestas irregularidades en la adjudicación de subvenciones por parte del ayuntamiento de Sitges” a la entidad Taula del Tercer Sector, así como a la cooperativa LLEI 1918, constituida en 2019, por la pareja detenida y sus dos hijos, también investigados. Se detalla que Taula del Tercer Sector se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en 2013, como socio fundador Nicolás y después la presidencia pasa a Pradanas. La cooperativa LLEI fue constituida seis años después, por la pareja y el presidente, que murió. La policía especifica que “los supuestos servicios prestados por LLEI 1918, se abonan a la misma cuento de Taula del Tercer Sector, y se constituye en proveedor de servicios del ayuntamiento de Sitges, desde antes de su efectiva constitución”.
Gastos de uso doméstico para las subvenciones
La magistrada asegura que en los informes policiales que ha recibido se detalla que las subvenciones recibidas por las dos entidades eran “justificadas con pedidos a domicilio, facturas de reparaciones de electrodomésticos particulares o la adquisición de productos de uso doméstico”. Incluso, se detalla que el hijo percibió, supuestamente, donaciones en concepto de ”alimentos, higiene y para emanciparse” y por sus labores como voluntario, y al mismo tiempo, habría sido contratado por la Tabla del Tercer Sector, percibiendo retribuciones otras entidades, según información de la Agencia Tributaria.
En cuanto a la hija de la pareja, la policía española afirma que “se ha detectado que los ingresos que recibe del ayuntamiento, los abona a la Tabla del tercer Sector, funcionando como una supuesta prestadora de servicios, cuando, el verdadero prestador era la Taula”. Añade que otro indicio es la adquisición de un vehículo Dacia Duster, actualmente propiedad de la hija, que fue adquirido por la cooperativa LLEI 1918, y pocos meses después, la hija se lo puso a su nombre.
Contratos sin concurso
La magistrada añade que se ha constatado que el Ayuntamiento de Sitges concedió a la entidad subvenciones anuales, de 45.000 euros, además de “numerosos contratos menores”, que conjuntamente sumarían unos 100.000 euros anuales, a favor de la Taula y de LLEI1918 “con conceptos idénticos que, al ser habituales y predecibles, tendrían que haber estado objeto de licitación”. Así lo aseguró también del 2018 al 2021 la interventora del ayuntamiento de Sitges, que alertó del fraccionamiento de contratos con distintas empresas y entidades, y una de ellas es la Taula del Tercer Sector de Sitges.
Y por todo esto, la policía concluye que el ayuntamiento y sus responsables políticos podrían ser autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos. El ayuntamiento de Sitges emitió un comunicado en que admitía ciertas irregularidades detectadas y paradas, pero descartaba responsabilidades administrativas o penales en este caso.