La pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Alberto González Amador está pendiente de que se resuelva otro recurso contra la apertura en la Audiencia Provincial de Madrid de una pieza separada solicitada por la Fiscalía y las acusaciones populares para investigar presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Sus abogados entienden que sin la resolución de este recurso se desconoce cuál es el objeto de su investigación y, por lo tanto, existe una vulneración de derechos del investigado. Han pedido aplazar la declaración de este lunes, la jueza se ha negado a ello, y entonces han recomendado a su cliente no declarar.
En la causa separada, la magistrada indaga el presunto uso de una sociedad pantalla para facturar unos negocios con 'Quirón Prevención', así como el supuesto pago de casi medio millón de euros a la esposa del presidente de esta empresa. Fuentes jurídicas apuntan a las agencias de noticias que González Amador tiene la intención de comparecer de forma voluntaria ante la jueza una vez se resuelva su recurso. Tampoco han declarado los otros cuatro investigados que también estaban citados a comparecer este lunes. Se trata de los empresarios David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo; el mexicano Maximiliano Eduardo Niéderer no ha sido localizado a pesar de las comisiones rogatorias enviadas a aquel país.
La causa por la que se investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investiga a González Amador desde hace casi un año, le instó a declarar este lunes por la comisión de un delito de fraude después de suspender sus citaciones hasta cuatro veces; la Fiscalía había advertido ya a la jueza que ya falta poco para que acabe el plazo de instrucción. Ni González Amador ni los otros empresarios imputados en esta trama han declarado nunca ante la jueza, que investiga un presunto fraude de 350.961 euros entre 2020 y 2021, así como un supuesto entramado de facturas falsas para reducir la cuota tributaria a pagar.
El caso del fiscal general del Estado
El caso de González Amador es el prólogo del caso del fiscal general del Estado. Antes de abrirse el procedimiento penal, el abogado de la pareja de Ayuso propuso por correo electrónico un pacto al fiscal por el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales por conseguir una rebaja en su petición de pena. La filtración de este correo a los medios de comunicación desembocó en una investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo.