La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Este sería el origen del presunto fraude fiscal por el que está acusado la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fraude contabilizado por Hacienda suma 350.951 euros, cometido entre los años 2021 y 2022, cuando González presentó las declaraciones de sus empresas en el marco del impuesto de sociedades. De momento, la pareja de Ayuso está acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno tercero por falsedad documental por la ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de estas operaciones, que han desembocado en la denuncia presentada por la Fiscalía.

Los ingresos están contabilizados en la firma Maxwell Cremona SL, propiedad completamente de González. Tal como adelanta ElDiario.es, de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020, casi el 85% (1.973.000) euros procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de contratos para intermediar para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas, durante la pandemia de la covid-19.

El secretismo de González

En un informe extenso, la Agencia Tributaria destaca el secretismo del contrato aportado por González, según el cual pactó ejercer como comisionista de FCS el 25 de enero del 2020. Hacienda describe la compañía como "un simple intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos" y remarca que "en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como aparte del acuerdo".

Después del acuerdo, el capítulo de ingresos de la empresa recoge unos ingresos de 834.320 euros bajo el concepto "comercialización de clientes" el 5 de mayo del 2020. La misma referencia figura el 5 de agosto, para justificar otros 1.138.680 euros. ¿Quién pagó estas facturas? La empresa que más material vendió a las administraciones públicas durante la pandemia, FCS Select Products SL, que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas hasta que encontró un mercado más rentable en la crisis de la covid.

Casi dos millones en comisiones

La contabilidad aportada a Hacienda recoge que FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de Ayuso un total de 1.973.000 euros en dos comisiones para vender a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en dos momentos críticos: los meses de mayo y agosto del 2020. La compañía que compró el material suministró guantes y mascarillas a varias administraciones públicas, como la misma Comunidad de Madrid.

Con el fin de sellar el negocio entre la empresa catalana y gallega, González viajó a Nueva York dos meses antes de que se decretara el estado de alarma en España. De hecho, no deja de ser llamativo que estas empresas tuvieran que recurrir a González como comisionista y que se metiera por el medio una compañía de Florida, IHD Inteconn.

Un giro profesional

"Consistió en una intermediación para conectar FCS con IHD Inteconn para llegar a Mape, potencial cliente final para FCS. Las actuaciones de promoción son conversaciones (videoconferencias, reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS, que dispone de una mercancía que se estima que será demandada en el muy corto plazo y Mape, empresa consumidora de la mercancía. Después de múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell (la pareja de Ayuso) mantiene una reunión presencial con Interconn en Nueva York los días 23 y 24 de enero del 2020, cerrando finalmente el acuerdo el 25 de enero del 2020", explicó González a Hacienda.

El acuerdo garantizaba a la pareja de Ayuso un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionara, cosa que se tradujo en casi dos millones de euros por dos operaciones en las cuales FCS vendió a Mape material por 42 millones durante 2020. Eso significó un cambio importante en la vida profesional de González, que hasta el momento hacía servicios de consultoría y auditoría de sistemas de gestión en certificaciones ISO como consultor para el grupo Quirón. Hasta entonces, la empresa, propiedad de la multinacional alemana Fresenius (propietaria de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid), era el "principal cliente" de la compañía del novio de la presidenta madrileña.

La nueva maniobra

Fuentes de Quirón han explicado a ElDiario.es que "González Amador trabaja en consultoría y servicios de prevención laboral desde hace más de 25 años con diferentes mutuas y clientes". "Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003", añade, antes de decir que esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención (no QuirónSalud) y González asumió "este y otros servicios". Esta situación se ha mantenido "hasta la actualidad": "Todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van acompañadas por servicios prestados y contratos en vigor". Finalmente, desde Quirón han negado tener constancia de la facturación irregular denunciada por la Fiscalía.

El escrito de la Agencia Tributaria que llevó la Fiscalía a presentar denuncia en el juzgado concluye que después de muchos años facturando en Quirón mediante Maxwell Cremona, la pareja de Ayuso traspasó el negocio a una segunda firma sin estructura ni trabajadores, Masterman and Whitaker. El movimiento llamó la atención a Hacienda, que lo consideró otra maniobra de ingeniería financiera de González porque se trataba de una sociedad instrumental incapaz de hacer los trabajos para la empresa de hospitales.

La denuncia del PP

Por otra parte, hay que decir que FCS Select Products estuvo bajo la lupa del gobierno de Ayuso. El PP de Madrid la incluyó en la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 por presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid-19 de la Administración General del Estado y el sector público institucional. "Ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador preferente de mascarillas", decía la denuncia, firmada por el secretario general de la formación, Alfonso Serrano.

El escrito continúa: "El importe de la cifra de negocio de FCS fue de menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones que tuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la covid". El PP también incide en el hecho de que la administradora de la empresa "fue condenada en el 2016 por un delito de estafa agravada", cosa que se traduce en "precedentes relevantes" porque "el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño". "¿Cómo había conseguido, en tan poco espacio de tiempo, redirigir su actividad mercantil y conseguir tan importante contrato de suministros de productos sanitarios, tan escasos en aquellos momentos?", se pregunta la formación.