Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, continúa con su cruzada contra la vicepresidenta María Jesús Montero, ahora ante el Tribunal Supremo. Según informa El Confidencial, González Amador ha demandado a la socialista por intromisión ilegítima en su derecho al honor y reclama 40.000 euros. Todo llega después de que Montero se negara a acudir a un acto de conciliación con la pareja de Ayuso el pasado 2 de octubre en Madrid.
El Supremo ya ha registrado la demanda, ha designado como ponente el magistrado a Pedro José Vela Torres y ha trasladado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su competencia para asumir el caso. La demanda se centra en concreto a las declaraciones hechas por Montero el 12 de marzo y el 3, 23 y 24 de octubre de este año.
González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero a la sesión de control al Senado el 12 de marzo pasado, donde dijo que la presidenta madrileña podría vivir en un piso que se pagó con fraude". Sobre las palabras de Montero en octubre se hace referencia a cuando la vicepresidenta dijo en los pasillos del Congreso: "La señora Ayuso tiene que dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y estar permanentemente haciendo albañiles del suelo a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán acceso a más información que en todos nos escandalizará".
Los gastos que González Amador se quería desgravar
Desde que estalló toda la polémica sobre las cuentas de la par de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se han ido conocimiento más detalles de las finanzas de González Amador. Por ejemplo, el empresario intentó deducirse ante Hacienda gastos privados de los ejercicios fiscales de que están bajo sospecha, los correspondientes a los años 2020 y en el 2021. Estos gastos eran personales, pero González Amador intentó colarlas como si fueran producto de su actividad empresarial, según la información tributaria sobre el encausado por dos delitos fiscales y falsedad en documento.
En González Amador se lo imputa haber falseado facturas para evitar el pago de 350.000 euros en impuestos. Estos delitos, que él mismo ha reconocido por escrito. Concretamente, el empresario envió a través de su abogado un correo donde reconocía: "Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". El correo electrónico fecha del 2 febrero, mucho antes de que el caso estallara a los medios.