Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos al haber dado la orden de hacer públicos datos sobre el pacto de conformidad que estaba negociando con el ministerio público por su caso de fraude fiscal. La pareja de la presidenta de Madrid llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la cual la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el cual se lo investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de este comunicado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó el caso al Supremo porque el fiscal general del Estado es aforado en este tribunal.
Precisamente, el alto tribunal español acaba de pedir a la Fiscalía su posicionamiento sobre si hace falta la imputación de su máximo cargo. Paralelamente, González Amador ha reactivado sus negociaciones con Hacienda para celebrar un juicio de conformidad y no ir a la prisión por fraude fiscal.
La prueba de los correos electrónicos
La defensa de la pareja de Ayuso, según ha adelantado El Mundo este martes, ha pedido al Supremo que abra una causa penal e impute a García Ortiz. Igualmente, pide que se incorporen a la investigación los correos electrónicos entre la cuenta personal de García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La instrucción llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto de relieve que los correos que intercambiaron la defensa de González Amador y la fiscalía fueron a parar al correo personal del fiscal general. El TSJ de Madrid, después de una investigación e interrogatorio de los querellados, archivó la imputación del fiscal de Delitos Económicos del caso, pero no de la fiscal de Madrid. Ahora tiene la palabra el Supremo.
El fiscal del Estado no dimitirá
Cuando el TSJ de Madrid envió la causa al Supremo en julio, desde la Fiscalía General del Estado se informó que García Ortiz no dimitirá si al final es imputado por esta causa, de la cual sostienen que desde el ministerio público no se ha cometido ningún delito y que gran parte de los datos privados de González Amador ya se habían divulgado en algunos medios de comunicación.
Además, Garcia Ortiz emitió un comunicado en saber la resolución del TSJM, en el cual asegura que la exposición razonada dirigida al Supremo es un trámite lógico y que este hecho "no tiene que impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del Fiscal General".