El empresario Alberto Gónzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue con su persecución contra los periodistas que revelaron que era investigado por dos delitos de fraude y una de falsedad documental. González Amador ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para pedir intervenir las comunicaciones de seis periodistas que están amparados por el secreto profesional. En concreto, tiene que pedir investigar las comunicaciones de un periodista de la Cadena SER, cuatro d'ElDiario.es y otro de El Plural con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido en la Fiscalía por el abogado de la pareja de Ayuso donde admitía el fraude y proponía un acuerdo para evitar la prisión.
Investigación de los móviles
El abogado de González Amador ha pedido al juez Ángel Hurtado que oficie a las compañías telefónicas para conservar todas las comunicaciones que hayan tenido con el fiscal general. Los datos que pide el empresario incluyen los números de teléfono a los que llaman "informadores" y cuando y durante cuánto de tiempo hablaron. Además, también solicita información sobre los mensajes que escribieron o de quien recibieron y en qué momento. Una petición que es contraria al secreto profesional con los cuales están protegidos los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes. El escrito del empresario no hace referencia a la mentira difundida por varios medios de comunicación, asegurando que la oferta de pacto para no entrar en la prisión provenía de la Fiscalía.
Además, la pareja de Ayuso también ha pedido que el juez autorice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar los aparatos electrónicos del teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, por lo que solicita la imputación, así como analizar las comunicaciones de 3 personas vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos. En concreto, son el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada; el jefe de comunicación del PSOE en el momento, Ion Antolín, y el entonces jefe de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, quien supuestamente envió el mail filtrado al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien accedió al volcado de su teléfono móvil, pero que toda la situación le costó el cargo. La defensa del empresario revela en su escrito los números de teléfono de los 6 periodistas. Pero eso no es todo, la defensa de la pareja de Ayuso va un paso más allá y también pide que se amplíe la invasión de los teléfonos móviles del fiscal general y de la fiscalía jefe de Madrid y que las compañías informen de todas sus comunicaciones entre el 7 y el 30 de marzo, ampliando casi en 2 semanas la investigación en un escrito anterior. González Amador asegura que la información de su confesión ha vulnerado su intimidad y su derecho de defensa.