El Parlament ha validado el decreto ley aprobado por el Govern el pasado 3 de noviembre que aplaza la puesta en marcha del incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, también conocida popularmente como tasa turística, y la aplicación de recargo en la ciudad de Barcelona.
El decreto ha obtenido el apoyo con 90 votos favorables de JxCat, ERC, el PSC y los comuns, mientras que Cs, la CUP y el PP se han abstenido.
El impuesto de la tasa turística, que ya se aplazó también con motivo del coronavirus hasta el 1 de enero del 2021, ahora ha vuelto a quedar aplazado hasta el próximo 1 de junio del 2021. Ha sido el mismo vicepresident el Govern con funciones de president, Pere Aragonès, quien ha defendido la modificación vaticinando que el sector no se habrá recuperado para Año Nuevo.
Con respecto a la deducción del IRPF, este nuevo decreto permitirá que aquellas rentas más bajas que hayan podido cobrar un ERTE a causa de la pandemia de la covid-19 no se vean afectadas por la legislación actual. Y es que la regulación actual del IRPF establece todas aquellas rentas que tengan ingresos de dos o más pagadores tienen que presentar la declaración a partir de los 14.000 euros brutos anuales recibidos.
Precisamente, este es el caso de los trabajadores que, durante el 2020, habrán cobrado una parte del sueldo de su empresa y otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas derivadas de situaciones de ERTE o la prestación correspondiente por haberse quedado en paro.
Con la modificación de la ley, el Govern ha creado una deducción autonómica del IRPF equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra española, siempre que esta diferencia sea positiva. Es decir, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán.
Según datos de la Generalitat, se estima que esta medida pueda beneficiar a unas 250.000 personas en Catalunya y que la pérdida de ingresos para la Generalitat será de unos 16,3 millones de euros en el presupuesto del 2022.
El apoyo resignado de la oposición
Mientras que el vicepresident Aragonès ha sacado pecho sobre las medidas que está tomando el Govern para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia recordando que no se había producido en Europa un paro similar de la actividad desde la II Guerra Mundial, la oposición ha asegurado que las iniciativas son insuficientes o que son cortinas de humo.
El diputado de Cs Martí Pachamé ha acusado al Ejecutivo de "tener el vicio" de "gobernar a toque de pito" y tener un "estilo autoritario". Pachamé ha reprochado que la tasa turística no tenga en cuenta las características de los diferentes negocios turísticos, como si por ejemplo se encuentran en una zona limítrofe, y ha asegurado que no tiene "un claro retorno para el sector". Sobre la deducción del IRPF ha asegurado que "es una ayuda escasa".
El diputado del PSC Rafel Bruguera ha dado apoyo tanto a la tasa como a su aplazamiento, pero ha acusado al Govern de improvisar y no escuchar a los partidos políticos y los representantes de los sectores. También ha vaticinado, después de ver los próximos decretos leyes que se votarán, que el sector cultural sufrirá el mismo problema que se produjo con los autónomos.
Por parte de los comuns, el diputado David Cid ha acusado a Aragonès de preocuparse más del déficit que de ayudar a la ciudadanía y le ha reclamado que "gaste más".
Maria Sirvent, de la CUP, ha reclamado al Govern que dialogue con los actores políticos y sociales antes de sacar adelante estos decretos y ha reclamado "una transformación económica y social".
Por último, el popular Santi Rodríguez ha afirmado que "un Govern que no es leal con él mismo, difícilmente lo puede ser con la sociedad que pretende gobernar".