El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves subir las indemnizaciones y ayudas para las víctimas de violencia machista que sufren secuelas y lesiones y también para los hijos de las víctimas mortales menores de 26 años que dependan económicamente en el momento de la muerte. La iniciativa, que arrancó hace más de un año a propuesta del PSC, pasó al trámite de la comisión y ponencia con el texto alternativo de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que se aprobó durante el debate a la totalidad. En paralelo, se incorporan indemnizaciones para las mujeres con hijos muertos por violencia vicaria. La proposición de ley ha contado con 113 votos favorables, siete abstenciones (de Ciutadans y el diputado no adscrito Antonio Gallego) y nueve votos en contra, de Vox.
En concreto, la indemnización (que se hará en un pago único) para las víctimas de violencia machista se incrementa hasta dos veces el indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), llegando a 17.210,30 euros al año. Anteriormente, la cuantía que se pagaba era de unos 3.000 euros. En el caso de los hijos de víctimas mortales menores de 26 años, la cifra será de un mínimo de doce veces el IRSC, equivalente a 103.261,80 euros. Con respecto a las mujeres con hijos muertos por violencia vicaria, la indemnización será de seis veces el IRSC, es decir, de 51.630,90 euros. Más allá de las indemnizaciones, la reforma legislativa contempla medidas que impiden que el autor o inductor de la violencia machista pueda administrar las indemnizaciones para los hijos menores de edad.
Se amplía el plazo para solicitar las indemnizaciones hasta los cinco años
Durante las intervenciones de las diputadas, desde los grupos que han dado apoyo a la medida han hecho énfasis en el hecho de que también se amplía el periodo para solicitar estas indemnizaciones hasta los cinco años. Además, las víctimas ya no tendrán que aportar las sentencias judiciales que acrediten los hechos que lamentablemente hayan sufrido, sino que serán las propias administraciones las que lo corroborarán con los servicios judiciales o policiales. Por parte del PSC, la diputada Beatriz Silva ha destacado que los feminicidios son "una de las formas más crueles y extremas de violencia machista, además de una expresión de terror que socava la democracia". "Es una prioridad dedicar recursos para combatirla y visibilizarla", ha reivindicado.
Ester Vallès, de Junts per Catalunya, ha coincidido en la importancia de hacer "todos los esfuerzos para sensibilizar, prevenir y erradicar". Sobre el hecho de que estas indemnizaciones que ahora se aumentan se estipulen por ley y no por decreto, Vallès ha sostenido que es mejor para poder dotarlas de "más seguridad jurídica". Basha Changue, de la CUP, ha partido del hecho que "nada repara la violencia" sufrida, pero ha alertado de que ante un "viraje de la derecha" es más importante que nunca que el Parlament "blinde derechos y libertades". Por su parte, la diputada de los comunes, Susana Segovia, ha afirmado que estas indemnizaciones forman parte de la idea de "reparación" hacia las mujeres e hijos víctimas de violencia machista y es una manera de trasladar que las administraciones también se hacen responsables de esta violencia sufrida por no haber sido todavía capaces de erradicarla del todo. En el caso de ERC, ha intervenido Jenn Díaz, que ha defendido que esta ley es el "yo te creo" de la administración y ha apuntado que sería un error hacer una "escala gradual de violencia ejercida" porque "revictimiza" y se trata de evitar que haya víctimas de primera y de segunda.
Los únicos que se han desmarcado son Vox. Mònica Lora, diputada del grupo de extrema derecha, ha cargado contra la "brutalidad" de la ideología de género y ha asegurado que las leyes que esta promueve son el "retroceso mayor para la igualdad de mujeres y hombres". "Nosotros nos preguntamos: ¿y la pérdida de un padre no se contempla? Hasta qué punto les hace llegar su fanatismo", ha planteado.