El Parlament ha aprobado este jueves una moción presentada por Junts per Catalunya y pactada con el PSC con el fin de facilitar el desalojo "de ocupaciones delincuenciales", después de la polémica originada en Premià de Dalt con la contratación de Desokupa por parte del Ayuntamiento. Se trata de una moción que manifiesta el "rechazo a las ocupaciones conflictivas y a menudo delincuenciales de viviendas, naves industriales y otros espacios que generalmente son propiedad de entidades financieras, fondos especulativos o personas jurídicas consideradas grandes tenedores que en ocasiones desatienden sus responsabilidades y no actúan para hacer frente con los mecanismos legales previstos".

La moción se ha votado en diferentes puntos. Junts, PSC, Ciutadans y PP han votado a favor en los cinco puntos. ERC se ha abstenido en todos, pero se ha mostrado a favor del último, que pide dotar de recursos económicos a los ayuntamientos para hacer frente a gastos derivados de los alojamientos de urgencia por procesos de pérdida de vivienda. Vox y los comunes se han posicionado a favor, en contra y se han abstenido dependiendo de los puntos, mientras que la CUP ha votado siempre en contra, excepto en el último punto, en el cual se ha abstenido.

Asimismo, la moción pide "modificaciones legislativas para dar herramientas jurídicas" a los ayuntamientos y comunidades de vecinos para facilitar este tipo de desocupaciones. "Estas situaciones degradan la convivencia en su entorno y al mismo tiempo generan problemas a los vecinos y vecinas, sufriendo ruidos, humos, inmisiones, amenazas y situaciones delincuenciales como el tráfico de drogas, provocando un sentimiento de impotencia a los vecinos y a los ayuntamientos".

La moción también tiene un apartado en el cual se da apoyo "a las modificaciones legislativas en trámite en el Congreso en relación con los procesos relativos a la ocupación de bienes inmuebles". Es decir, las desocupaciones exprés que quiere impulsar el PSOE.

El texto aprobado por el Parlament también apuesta por "elaborar un plan de choque" con el fin de "luchar de manera eficiente contra las mafias" especializadas en la ocupación de viviendas y presentar las medidas previstas ante la Comisión de Interior en el plazo de 15 días. Por otra parte, y siguiendo esta misma línea, la moción pide "dotar de recursos económicos a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de los alojamientos de urgencia derivados de procesos de pérdida de vivienda".

Desokupa en Premià de Dalt

La aprobación de esta moción llega el día siguiente que estallara la polémica en el Ayuntamiento de Premià de Dalt por haber contratado a la empresa Desokupa como asesora para realizar desahucios en el municipio. El consistorio explicó que ha llegado a un acuerdo con la empresa y han firmado un contrato de un año por un importe de 3.000 euros más IVA anuales. El objetivo de la contratación es que Desokupa haga funciones "de intermediación para la recuperación de bienes inmuebles ocupados de manera mafiosa y/o delincuencial", unos hechos que el Ayuntamiento considera que "siempre generan un problema de seguridad en la población". Esta organización está liderada por Daniel Esteve, un exportero de discoteca con antecedentes policiales y próximo a partidos de ultraderecha.

Consciente de las críticas que originaría la contratación de Desokupa, el Ayuntamiento de Premià de Dalt se apresuró a difundir un comunicado en el cual aseguraba que la empresa "ofrece un método alternativo que tiene como finalidad la resolución amistosa de la controversia y evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad".