El Parlament investigará el proyecto Castor en todas sus dimensiones. El pleno de la cámara ha dado luz verde este miércoles a la creación de una comisión de investigación para evaluar "las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas". Se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos.
En la exposición de motivos, los grupos recuerdan que el proyecto fue "rehusado" desde un primer momento por muchos municipios de las Terres de l'Ebre y el Maestrat y que han sido varias las denuncias, mociones, alegaciones, quejas, preguntas e iniciativas que se han presentado en diferentes instituciones.
"Queremos llegar hasta el final con los problemas que ha creado la plataforma Castor", ha defendido Mònica Sales, diputada de JxCat, que ha denunciado que los españoles tendrán que pagar 4.700 millones de euros. "¿Había que poner la población en una situación de peligro como esta? Si se hubiera realizado un estudio de riesgos sísmicos asociados a la construcción de la plataforma, nos habríamos podido ahorrar ciertas situaciones", ha dicho.
Por su parte, el diputado de ERC, Lluís Salvadó, ha llegado a afirmar que "no nos encontramos ante un imprevisto", sino que "la empresa concesionaria ya fue alertada de los riesgos". En este sentido, ha pedido a ACS y Florentino Pérez que "devuelvan el dinero que han cobrado".
En representación de los comunes, David Cid ha criticado que se despreciaron las denuncias de diferentes instituciones. A pesar de dar apoyo a la comisión de investigación, ha alertado de que "será complicado poder investigarlo correctamente". La diputada de la CUP Maria Sirvent ha sostenido que Castor "no es ni un caso aislado ni un error puntual", sino "el caso paradigmático de las infraestructuras que no quiere nadie".
Desde Ciudadanos, Marina Bravo ha calificado de "vergonzoso" el proyecto, y ha sostenido que la comisión es "fundamental para la ciudadanía". Por su parte, el socialista Jordi Terrades ha indicado que el Tribunal Constitucional "pone el dedo en el ojo en el sistema que se utilizó para pagar la indemnización al concesionario".
Aunque el PP ha apoyado "por respeto a la gente que sufrió los terremotos", su diputado Santi Rodríguez ha alertado de que habrá "complicaciones" para elaborar el informe, porque no es competencia de la Generalitat.