El Parlament ha publicado una serie de alegaciones para defender la ley que regula los precios de los alquileres, que fue aprobada por los partidos independentistas y los comunes y, poco después, fue recurrida por el PP al Tribunal Constitucional. A través de una publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, los letrados Antoni Bayona y Anna Casas han defendido la constitucionalidad de la ley.
Uno de los aspectos que los letrados más se dedican a defender es la seguridad jurídica de la ley. Ante las consideraciones de los populares, que acusan a la ley de vulnerarla , los letrados han recordado que "el uso de conceptos jurídicos indeterminados es algo que pasa en todas las disciplinas jurídicas".
Las alegaciones defienden que si el canon "tan extremo" que defienden los populares se aplicara a la "gran mayoría de leyes estatales y autonómicas", pocas lo superarían. Así pues, Bayona y Casas han recordado que normalmente hay reglamentos posteriores a las leyes que las complementan, argumentando que las normas no pueden siempre contemplar todos los supuestos concretos de aplicación teóricamente posibles".
Derecho a la propiedad
Las alegaciones también recuerdan que la regulación de los alquileres se llevará a cabo sólo en áreas con mercados de vivienda tensos y que sólo afecta a las primeras residencias. Para responder la crítica del PP según la cual la ley vulnera el derecho a la propiedad, los letrados lo han negado y han asegurado que lo único que hace la ley es introducir "una limitación que afecta al derecho a obtener una utilidad o un beneficio económico de la propiedad". Además, han recordado que este derecho en la Constitución no está concebido como un derecho absoluto o ilimitado, sino que el reconocimiento que le hace es el propio de un derecho subjetivo "debilitado".
De hecho, uno de los aspectos cuestionados por los populares es que consideran que la ley no determina suficientemente los criterios para establecer estas áreas de mercado tenso. Los populares también señalan que la ley no concreta lo suficiente como se fija el índice de referencia del precio de los alquileres. Según el recurso presentado, se calcula con una simple "herramienta informática".
Las alegaciones también recuerdan que la regulación de los alquileres se llevará a cabo sólo en áreas con mercados de vivienda tensos / Foto: Sergi Alcàzar
Competencias del Estado
El recurso del PP también considera que la ley vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de regulación de las bases de las obligaciones contractuales. Las alegaciones rebaten que "el legislador civil no ha identificado como límite configurador la actividad legislativa de las comunidades autónomas" y recuerda que esta ley no viene de la nada, sino que está relacionada con la ley catalana 18/2007 del derecho a la vivienda, "derivada de las competencias estatutariamente asumidas por la Generalitat en materia de vivienda".
Precisamente, antes de que se aprobara en la cámara, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) hizo un dictamen a petición de Ciudadanos y el PP. Aunque era un dictamen no vinculante, este concluyó que la ley contenía puntos que no encontraban amparo en el Estatuto y vulneraban la Constitución.