La comisaría de Via Laietana, centro de torturas durante el franquismo y la Transición, tiene que ser traspasada a la Generalitat para ser resignificada como espacio de memoria de la represión de la dictadura. Eso es lo que, una vez más, ha reclamado el Parlament de Catalunya, a través de una moción de ERC. Este punto ha contado con el voto favorable de Junts per Catalunya, la CUP y los comunes, la abstención del PSC y el voto en contra de Ciudadanos, el PP y la extrema derecha de Vox. Es una larga y constante reivindicación de entidades memorialistas, pero no solo. También lo ha sido de las instituciones, empezando por la cámara catalana y continuando por el Ayuntamiento de Barcelona o el Congreso de los Diputados. El pasado marzo, la comisión de Justicia del Parlament pidió a la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugenia Gay, visitar las dependencias, una petición que fue rechazada.
Concretamente, el texto aprobado por el Parlament "insta al Gobierno a colaborar y trabajar con la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y con las entidades e instituciones implicadas con el fin de traspasar la titularidad y resignificar el actual edificio de la jefatura de Via Laietana, espacio de tortura durante el franquismo, como centro de memoria, dignidad, democracia, información, divulgación y reparación de las personas víctimas de la dictadura franquista, y de la resistencia y la lucha por las libertades democráticas".
El PSC se ha abstenido en este punto, justificando que existen "unas Cortes Generales y comisiones bilaterales" para abordar esta cuestión, y no la cámara catalana. En estos momentos, este traspaso se encuentra bloqueado por el mismo Gobierno. A pesar de la llegada de los socialistas en La Moncloa, nada ha cambiado. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado todas las peticiones, argumentando que el CNP ya lo ha resignificado con su tarea actual.
En varias ocasiones, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona (con el voto del PSC), el Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat han reclamado la recuperación de este espacio todavía utilizado por la policía española. También el Congreso de los Diputados, el 1 de junio de 2017, aprobó una proposición para reconvertir el espacio en un centro memorial de la represión franquista. Obtuvo el voto a favor de todos los partidos —incluyendo al PSOE— excepto el PP, que entonces gobernaba el Estado.
Eliminar todos los símbolos franquistas
La moción aprobada también insta al Gobierno a realizar un "acto formal, solemne y de desagravio al muy honorable presidente Lluís Companys" por su ejecución por parte de la dictadura, o a expedir de oficio los certificados de nulidad de las sentencias promovidas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, el Tribunal de Orden Público y los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra. Además, la cámara reclama al Govern de la Generalitat que "elimine todos los símbolos franquistas" en la vía pública, especialmente "hacer efectiva la retirada del monumento situado en medio del río Ebro en Tortosa"; culminar la exhumación del militante antifranquista Cipriano Matos; acelerar la ley de memoria democrática de Catalunya o impulsar la investigación y difusión del papel de las mujeres y el movimiento LGBTI+ en la lucha antifranquista.
En defensa de la iniciativa, la diputada de ERC Maria Jesús Viña ha defendido que "tenemos que ir todos a una en esta materia" y ha asegurado que es "imperativo" resignificar la actual jefatura superior de la policía española en Catalunya. En nombre de Junts per Catalunya, Aurora Madaula ha reivindicado que la memoria histórica es "una estructura de estado" y que es el mejor antídoto contra "el fascismo y el neofascismo". Madaula ha reclamado que "no se demore ni un minuto más la retirada de un monumento fascista" como el de Tortosa. El cupero Carles Riera ha denunciado que "las víctimas del fascismo continúan sin reconocimiento, sin justicia y sin reparación", y que por eso "la memoria democrática es imprescindible", como las acciones recogidas. Eso sí, ha echado en falta que no haya memoria democrática sobre el "pasado colonial". Y por parte de los comunes, Marc Parés ha instado a la consellera Gemma Ubasart a acelerar la ley de memoria democrática de Catalunya. "Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero nos queda mucho trabajo por hacer", ha señalado Parés.