El Parlament cumple su palabra. La Mesa de la cámara ha acordado este lunes llevar a la Fiscalía las incomparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros de su ejecutivo y otros representantes del Estado, ante la comisión de investigación sobre el caso del CatalanGate que ha puesto en marcha el Parlamento. La decisión ha contado con el apoyo de los tres partidos independentistas --ERC, Junts y la CUP--, mientras que el PSC se ha opuesto. A petición de la comisión, la Mesa también ha acordado poner estos hechos en conocimiento de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, que de hecho se encuentra en Madrid estos días en el marco de su misión por los países que se han visto salpicados por el espionaje. La visita de los eurodiputados también ha recibido una plantación del presidente del Gobierno como respuesta.

La comisión de investigación se puso en marcha después de meses de dilaciones, y con la constatación de que el Congreso de los Diputados no seguiría el mismo camino por la alianza del PSOE con PP y Vox. El pasado 3 de marzo, el órgano de la cámara catalana convocó al presidente Pedro Sánchez; las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz; los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo, y la exdelegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. También se había convocado el fiscal general del Estado, Álvaro García; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el juez del Tribunal Supremo encargado de las autorizaciones de seguimientos, Pablo Lucas. Ninguno de ellos se presentó, y se envió un segundo requisito pocos días después.

Pero el 14 de marzo volvieron a ausentarse los nombres citados. Algunos de ellos dieron explicaciones por sus ausencias, pero otros ni siquiera se dignaron a comunicarlas. En defensa del Gobierno salió el diputado del PSC Jordi Terrades, que afirmó que los representantes del Estado solo tienen que rendir cuentas a las Cortes españolas. Según él, así lo hizo el ministro Félix Bolaños, mientras que también se abrió la comisión de secretos oficiales.

Después de constatar su plantación, los grupos parlamentarios se pronunciaron con contundencia. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, reiteró que la ausencia de estas figuras es un "menosprecio" a la cámara catalana y a la ciudadanía de Catalunya. También lamentó que el Congreso de los Diputados rechazara investigar el CatalanGate, a diferencia del Parlamento Europeo. Josep Rius, de Junts, destacó el contraste entre el "celo especial" que demuestran habitualmente las autoridades del Estado con hacer cumplir el ordenamiento jurídico y la dejadez que han demostrado en este caso. Más allá, denunció la "falta de colaboración y obstruccionismo" de los actores estatales. Y por la CUP, Montserrat Vinyets remarcó la falta de investigación desde Madrid por el CatalanGate y rechazó los argumentos de los socialistas. "Las gestiones para aclarar los hechos son inexistentes o superfluas". Los tres partidos decidieron entonces poner la Fiscalía y la Eurocámara en conocimiento de la actitud de los representantes del Estado.