La lista se hace más larga. Después de que lo hayan hecho Òmnium Cultural, ANC y CUP, el Parlament de Catalunya también ha formalizado la denuncia contra el CatalanGate. La cámara catalana ha presentado este lunes al juzgado la demanda por los hechos relacionados con el programa de espionaje Pegasus, en la cual solicita que se incoe las correspondientes diligencias judiciales para investigar los hechos denunciados. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha firmado la denuncia que se ha presentado a la Ciutat de la Justícia y que se dirige al juzgado de instrucción de Barcelona que corresponda por turno de reparto.
Hay que remontarse un mes atrás para encontrar el origen de esta querella. El pleno del Parlament acordó el pasado 27 de abril la resolución para denunciar los hechos: "Formular una denuncia, en nombre del Parlament, ante las autoridades judiciales, al amparo del artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento criminal y del resto de normas aplicables, por los hechos que se ha evidenciado con relación al programa de espionaje Pegasus y que podrían ser constitutivos de delito". Se plantea que se depuren ante la jurisdicción las responsabilidades en que hayan podido incurrir las personas que hayan participado en la intrusión no autorizada de los dispositivos móviles de miembros del Parlament, habiendo podido acceder al conjunto o una parte de los sistemas de información del Parlament sin estar debidamente autorizados.
La denuncia del Parlament sigue a las que ya formularon Òmnium Cultural, ANC y CUP. La primera de todas fue la de la entidad que preside Xavier Antich, el pasado lunes 2 de mayo (cuándo hacía dos semanas que había estallado el CatalanGate). El mismo día se presentó la de la formación anticapitalista: lo hizo el abogado Benet Salellas en representación de los diputados Carles Riera y Albert Botran, así como del exdiputado David Fernàndez. Tanto Òmnium Cultural como la CUP presentaron las denuncias en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona. La demanda de la ANC llegó el pasado miércoles 11 de mayo.
La querella presentada por Òmnium y los anticapitalistas contra el espionaje masivo al independentismo catalán quiere aclarar la implicación del Gobierno en el escándalo. Es por eso que va dirigida contra la persona jurídica de NSO Group, propietaria del software Pegasus. Asimismo, solicita al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona (que ya investiga Pegasus) que pida una serie de documentación a organismos policiales estatales, además de la declaración como testigos de los jefes de las agencias de ciberseguridad españolas y catalana.