El Parlament pide que el Gobierno reconozca y devuelva la "deuda histórica" en materia de dependencia. Así lo ha aprobado este viernes en una propuesta de resolución conjunta de JxCat y ERC (y que ha obtenido el apoyo de la CUP) en relación con el pleno monográfico de este martes sobre la gestión de las residencias durante la pandemia del coronavirus.
El texto pide que el Ejecutivo de Sánchez reconozca "la deuda histórica derivada del incumplimiento de las aportaciones que corresponden al Estado por lo que hace a la financiación de atención a la dependencia" que cifra en 3.649 millones de euros hasta el 2019.
De esta manera, republicanos y postconvergentes han recordado que la ley determina que las aportaciones por parte de las dos administraciones tienen que ser del 50%, "porcentaje que durante los años de vigencia de la ley no se ha aplicado nunca". De hecho, han denunciado que "la aportación del Estado se ha ido reduciendo progresivamente". "Los datos de 2018 indican que la financiación de la dependencia proveniente de transferencias estatales supone el 13% del total", han apuntado.
Dos usuarios de una residencia durante la pandemia | Efe
La propuesta aprobada por las formaciones independentistas recuerda, pues, "la obligación" del Gobierno "de financiar en un 50% la aplicación de la ley de dependencia, con el fin de garantizar la cobertura asistencial de las personas que, por vejez o enfermedad, no pueden valerse por ellas mismas".
La propuesta aprobada por la cámara catalana también pide al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos aumentar los recursos del Fondo Covid-19 para las comunidades autónomas en 9.000 millones de euros más, para llegar a un total 25.000 millones. De esta manera, justifica el texto, se garantizará la prestación de servicios públicos esenciales como la protección de las personas en situación de dependencia, en el contexto de pandemia y postpandemia.
Recentralización
En un sentido similar, el Parlament también ha lamentado y denunciado la recentralización practicada por el Gobierno, en concreto con respecto a la compra de material de protección durante la crisis sanitaria.
Así se ha aprobado en otra propuesta conjunta de los dos socios del Govern, la cual critica que el mismo Ejecutivo español tuvo que hacer marcha atrás en esta recentralización "por la ineficiencia y el perjuicio que provocó. "Hizo perder un tiempo valiosísimo a la Generalitat de Catalunya para poder abastecer y proteger a los y las profesionales", añade.