El Parlament puede investir a un president a distancia, aunque no esté presente en el hemiciclo. Así lo ha aprobado el pleno por mayoría absoluta este viernes al mediodía, después de debatir la propuesta de reforma de la Ley de Presidencia de JxCat. No obstante, ahora la mirada está puesta en Madrid, donde el presidente español Mariano Rajoy ya ha adelantado que la dejará en papel mojado, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y después hacia Berlín, donde el president Carles Puigdemont ha convocado este sábado a los diputados de su grupo para abordar la recta final de la investidura.
La reforma legislativa ha salido adelante con los 70 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP. El resto de grupos –Ciudadanos, PSC, CatECP y el PP- se han opuesto frontalmente. Ha sido un debate tenso, marcado por la suspensión de la candidatura de Puigdemont por parte del TC. Pero también por la vía escogida: el trámite por lectura única y el procedimiento de urgencia extraordinaria. Antes de su inicio, el portavoz de Ciudadanos Carlos Carrizosa ha pedido que se leyera el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Ha sido tumbada una enmienda de retirada de este grupo.
El grupo proponente, JxCat, se ha aferrado a la legitimidad de Puigdemont como candidato a la investidura. "Si esta propuesta de reforma se hubiera hecho en el 2005 o en el 2011, no habría habido ningún problema", ha lamentado el diputado Albert Batet. "Se cuestiona porque deja muy claro un hecho simple pero trascendental: ¿Quién manda en Catalunya? ¿Dónde radica la soberanía? ¿Quién gana, la democracia o la represión?", ha añadido.
En este sentido, el también alcalde de Valls ha denunciado que "la realidad en Catalunya es que los derrotados no han aceptado los resultados de las elecciones y quieren ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas". Batet ha advertido que "la mayoría del pueblo de Catalunya contra la represión no se rendirá".
Por su parte, el diputado republicano Antoni Castellà ha admitido que no servirá para investir a Puigdemont. Pero ha sostenido que no es un debate sobre "instrumentos tecnológicos", donde cree que habría unanimidad, sino que se debate "si el sistema político español y una parte de esta cámara acepta el resultado de unas elecciones democráticas ". A pesar de que el Estado "se cargue la ley", ha avisado de que el pueblo catalán ha aguantado la represión durante muchas etapas del pasado, y que también lo hará ante el "régimen del 78".
La cupera Maria Sirvent ha defendido su voto a favor de "todas aquellas iniciativas que quieran ampliar los derechos civiles y políticos". Ha reclamado ignorar las "interferencias" del Estado. "Hemos venido a este parlamento a hacer política", ha defendido.
"Barbaridad jurídica, política y parlamentaria"
En frente, han encontrado frontalmente el resto de la oposición. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lo ha bautizado como "Ley Puigdemont", y lo ha descrito como "barbaridad jurídica, política y parlamentaria". Según ha denunciado, esta reforma de la Ley de Presidencia "pretende la impunidad de los políticos, que pueden saltarse todo el ordenamiento legal y después acceder a cargos sin cumplir con las obligaciones".
Por su parte, el líder del PSC Miquel Iceta ha arrancado asegurando que no recordaba ningún dictamen del CGE "tan contundente como este". El dirigente socialista ha pedido que piensen en el pais y el conjunto de la ciudadanía, y "como servir mejor al interés generales". Ha avisado que "sin con respecto a las leyes y las formas no hay democracia".
El dirigente de los comunes, Xavier Domènech, les ha preguntado "por qué hacen tantas cosas que no sirven para nada". En este sentido, les ha instado a "hacer cosas que sirvan para salir de la situación donde estamos". Ha querido subrayar que al catalán no es un sistema presidencialista, y que el Parlament le toca buscar una alternativa. "Nunca es justo que un pueblo se sacrifique por un hombre", ha remachado.
Finalmente, el diputado del PP Santi Rodríguez ha avisado de que "las leyes no pueden estar al servicio de una persona". En términos parecidos a los otros grupos, ha criticado que la reforma busca "facilitar que una persona que ha incumplido sus obligaciones" pueda ser investida.
Directa al TC
El guion ya se conocía incluso antes de empezar el pleno del Parlament. Como ya adelantó Rajoy este jueves, el siguiente paso será el recurso del Gobierno español contra la reforma ante el Tribunal Constitucional. Los servicios jurídicos del Estado tenían ya el recurso terminado hacía días, con el fin de presentarlo tan pronto como la cámara catalana diera luz verde a la legislación.
Ahora los focos volverán nuevamente a Berlín, donde el president Puigdemont ha convocado este sábado a su grupo parlamentario para una reunión donde abordar el desencallamiento de la investidura. Los tempos presionan: el 22 de mayo expira el plazo antes de la disolución automática del Parlament y la convocatoria de elecciones