La ley para regular los precios de los alquileres ya es una realidad. El Parlament lo ha aprobado la noche de este miércoles con los votos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP después de un acuerdo in extremis entre la formación de Carles Puigdemont y el Sindicat de Llogaters.
El acuerdo, que se ha plasmado mediante una enmienda transaccional de los cuatro grupos, ha permitido que el proyecto de ley tuviera los votos necesarios para aprobarse. Pocos minutos antes de que se votara, sin embargo, el PDeCAT ha anunciado su rechazo a la ley, hecho que ha llevado a sus cuatro diputados a votar en contra. En cualquier caso, los votos del partido de Bonvehí no han sido necesarios para la aprobación del texto.
De la misma manera, los dos diputados de Demòcrates, que forman parte del grupo parlamentario de ERC, también han roto la disciplina de voto y han votado en contra del texto.
La principal modificación respecto del texto original es que la limitación de los precios no se aplicará con los "propietarios vulnerables", que la enmienda ha designado como aquellas personas físicas "con unos ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IRSC", es decir, con ingresos iguales o inferiores a 2.000 o 2.500 euros al mes, dependiendo del municipio.
La enmienda también apunta que "si la renta consignada en el último contrato de arrendamiento es inferior al precio de referencia, podrá incrementarse la misma hasta el mencionado precio de referencia", cosa que el texto original rechazaba.
La diputada de JxCat Glòria Freixa ha celebrado haber llegado a un acuerdo y ha reivindicado la defensa del "pequeño propietario, que no es un depredador". "Esta ley de regulación de los alquileres servirá para bajar las ganas de especular. Sólo podremos regular el mercado si hay mucha oferta. Hay que buscar soluciones en materia de política de viviendas", ha añadido.
"No es para que se puedan hacer ricos, lo que intentamos es que no pase como en otras ciudades europeas que, viendo la inseguridad jurídica, los propietarios deciden vender, o no comprar. Entonces todo pasa por los grandes fondos", ha explicado.
La advertencia de ERC a JxCat
Por parte de ERC ha hablado el diputado José Rodríguez, que ha hecho una defensa de la propuesta de ley citando varios artículos de economistas que han expuesto sus dudas sobre la existencia de efectos adversos a causa del control del alquiler.
"El control de precios de alquiler hoy, con la Covid, todavía es más urgente. Se han regulado en muchas grandes ciudades del mundo como Nueva York o Berlín. Aprobar esta ley demuestra que no queremos una Catalunya independiente para hacer lo mismo que el estado español", ha reivindicado mirando de reojo al grupo de JxCat.
Comuns y la CUP, a la ofensiva
Tanto el grupo de los comuns como el de la CUP se han mostrado críticos con JxCat y sus reticencias con la ley. La diputada de CECP Susana Segovia ha asegurado que si se ha llegado a un acuerdo es gracias a la insistencia del Sindicat de Llogaters.
Segovia también ha criticado "el papel que ha jugado el PSC", partido con el cual ha asegurado estar "muy decepcionada". De hecho, Segovia ha recordado al grupo de Miquel Iceta que la regulación de los alquileres estaba en el acuerdo de coalición.
Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha advertido que "esta es una ley de mínimos" y que la lucha no se ha terminado. También ha acusado a JxCat de hacer demagogia con la defensa de los pequeños propietarios. "Defender al pequeño propietario para ustedes es que una persona que cobra 850 euros por un piso de 50 metros cuadrados en Nou Barris pueda seguir subiendo el precio", ha puesto como ejemplo. "¿Ustedes conocen la realidad más allá de estas cuatro paredes?", ha preguntado.
La sombra del Constitucional
El Tribunal Constitucional ha protagonizado buena parte del debate de la ley, ya que el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó, a instancias de Cs y el PP, que muchos de los artículos del texto eran inconstitucionales.
Así lo ha recordado durante el debate el presidente del PP, Alejandro Fernández, que también ha anunciado que su partido la llevará al tribunal. Fernández ha acusado el independentismo de "estar deseando" que la ley acabe en el TC. "Ya que les dará, supongo, algún tipo de rentabilidad política", ha lanzado.
En esta misma línea se ha expresado la diputada de Cs Noemí de la Calle, que ha asegurado que a los promotores de la ley no les interesa solucionar las problemáticas sobre el acceso a la vivienda, sino que quieren generar confrontación. Ha argumentado que JxCat y ERC no hacen el trabajo que podrían hacer con las actuales competencias y ha pedido más políticas de vivienda.
Por parte del PSC, la diputada Rosa Maria Ibarra ha reprochado a los grupos promotores de la ley que esta haya llegado al pleno en lectura única. "Saben que la ley no tendrá recorrido. La mayoría de artículos son anticonstitucionales y antiestatutarios", ha apuntado comentando, igual que Fernández, que se busca "atizar" la confrontación para buscar un "rendimiento electoral".