"El Parlament expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo catalán". Es el único punto de la polémica moción de la CUP que esta mañana se ha aprobado en la cámara catalana con 61 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Han dado apoyo los diputados de JxCat, ERC y la CUP. Los representantes de Ciudadanos han abandonado el hemiciclo y los del PSC y el PP -que se han quedado-, no han participado de la votación. Las abstenciones son de los escaños de Catalunya en Comú. El cambio de horario ha permitido fintar al TC y aprobar el texto justo tres minutos antes de que llegara el correu informando oficialmente de la suspensión del TC. El debate ha hecho públicas las diferencias entre los partidos independentistas, que han rellenado sus intervenciones de reproches cruzados.

Esquerra Republicana ha solicitado tan pronto como ha arrancado el pleno que el debate de la moción, que estaba previsto hacerse a última hora de la mañana, pasara a ser el primero del orden del día. De esta manera se pretendía esquivar la suspensión del Tribunal Constitucional, que se ha adoptado segundos antes de iniciar la votación, aunque Torrent ha informado al pleno de que no se había recibido todavía ninguna notificación al respecto. Según informa el equipo de comunicación del Parlament, la votación se ha producido a las 10:06, mientras que la comunicación por correo del alto tribnunal informando de la suspensión no ha llegado hasta las 10:09. 

Aunque específicamente el alto tribunal no ha tenido tiempo de comunicar la suspensión, lo cierto es que tanto el presidente Torrent como los miembros de la mesa acumulan un puñado de avisos oficiales por parte del TC en las cuales se les advierte de los posibles riesgos penales a los cuales se enfrentan si no paran iniciativas parlamentarias que promuevan la autodeterminación. Por lo tanto, el punto aprobado hoy puede interpretarse como un nuevo pulso que podría terminar en una querella por desobediencia. 

La maniobra para que la votación se produjera antes de que el TC tuviera tiempo de reunirse, decidir y comunicar la suspensión ha generado una nueva pugna entre JxCat y ERC. A última hora de ayer, Roger Torrent anunció que se cambiaba el horario del pleno y que en lugar de comenzar a las tres de la tarde, como estaba previsto, se avanzaba a las nueve de la mañana, coincidiendo por lo tanto con la reunión semanal de los miembros del Govern. Ninguno de ellos ha podido asistir a la sesión plenaria y los miembros del ejecutivo que son diputados, ambos de JxCat -el president Torra y el conseller Buch- no han podido participar de las votaciones. Por este motivo, la consellera de presidendia ha comunicado por carta al presidente de la cámara el malestar que su decisión ha generado. 

Fuego cruzado entre independentistas

Aunque JxCat, ERC y la CUP han votado conjuntamente, la discusión de la iniciativa no ha estado exenta de reproches.

Los más contundentes han sido entre ERC y la CUP. En nombre de los republicanos, Ernest Maragall ha recriminado a los anticapitalistas que hayan priorizado su moción, en solitario, en lugar de dar más importancia a la propuesta de resolución conjunta que presentaron los tres grupos independentistas como respuesta conjunta a la sentencia y que todavía está pendiente de aprobación. Al mismo tiempo ha acusado a los anticapitalistas de "vivir de deseos y hacer creer que podemos llegar a un paraíso que si nunca llegáramos quedaría claro que no existe".

La diputada cupaire, Maria Sirvent, ha replicado con contundencia calificando la votación de JxCat y ERC de "vergüenza", "tanta corbata y tan poca vergüenza", ha lamentado.

Y es que los socios de Govern han votado en contra del resto de puntos de la moción, que apuestan por la amnistía total "para todos los represaliados por el régimen", el cese del conseller de Interior, la retirada de los cuerpos policiales y militares del estado, la disolución de la Brimo, la suspensión inmediata de todos los desahucios, el final de las listas de espera, un salario mínimo de 1.200€, un plan de choque contra violencias machistas y la nacionalización de la luz, el agua y el gas.