El Parlament debatirá el modelo de orden policial en una comisión de estudio impulsada por ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem que se debatirá en el último pleno de julio. La comisión tendrá como objetivo "el análisis e investigación de los mecanismos de control, evaluación e investigación de las actuaciones policiales, así como la posibilidad de implementar mecanismos independientes de control y fiscalización de estas actuaciones".
Según explica la propuesta de resolución presentada por las cuatro formaciones, la comisión también revisará el modelo de orden público, "la posibilidad de plantear cambios", la "transparencia en la información y datos por parte del departamento de Interior" y "el análisis de las actuaciones de la división de información de los Mossos d'Esquadra y el seguimiento de activistas políticos y los mecanismos de control y fiscalización de las actuaciones policiales".
Y es que la propuesta para la creación de la comisión constata que ante el incremento de movilizaciones en Catalunya en los últimos años, "desde las entidades de protección de derechos humanos y medios de comunicación se han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza y de posible mala praxis por parte de los agentes policiales, de posibles seguimientos por motivos ideológicos y la necesidad de más transparencia en el departamento de Interior".
Por esta razón, alegan, "hace falta debate y estudio sobre el modelo policial en sus aspectos fundamentales como son de orden público, la transparencia y las funciones de la comisaría de información, con el fin de adaptarlo a las necesidades de la actual sociedad catalana y garantizar que es un modelo el máximo de garantista con respecto a los Derechos Humanos".
El acuerdo ERC-CUP
La propuesta también señala "la falta de transparencia sobre los protocolos y funcionamiento interno, especialmente en el ámbito del uso de la fuerza y las normas que regulan las armas de uso policial". Y asegura que esto "genera pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y vulnera el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas".
La línea de esta denuncia se parece mucho a las quejas expresadas por la CUP cuando la Conselleria de Interior publicó hace unas semanas el protocolo sobre el foam y el uso del resto de armas en el marco de la defensa del orden público. Los anticapitalistas acusaron al Departamento de "insultar" a las víctimas e insistieron en la prohibición del foam y las pistolas táser.
De hecho, en el acuerdo entre republicanos y anticapitalistas estaba estipulado que se aplicaría una moratoria del foam hasta la publicación del protocolo. Una vez publicado, los cupaires afirmaron que no lo consideraban un protocolo, por lo cual siguieron exigiendo la prohibición de esta arma de contención.