El caso Laura Borràs no sólo afecta a la presidenta suspendida del Parlament. Tiene muchas otras derivadas en personas de su equipo. Sin ir más lejos, hay hasta seis trabajadores que la acompañaban que ahora se encuentran en tierra de nadie, al habérsele suspendido las funciones. Es una cuestión que la Mesa de la cámara catalana ha abordado pero no resuelto en su reunión ordinaria de este martes, a raíz de un escrito registrado por el grupo de Ciudadanos que pedía su revocación con carácter retroactivo. Según fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la cámara no ha tomado ninguna decisión todavía al respecto, queda aplazada, entendiendo que es una cuestión delicada para los afectados. Todo quedará en manos de la vicepresidenta en funciones de presidenta, la republicana Alba Vergès.
Se trata de la situación de seis personas (porque una séptima se marchó a Vicepresidencia del Govern), con quienes la vicepresidenta Vergès ha hablado personalmente. Son el jefe de gabinete, el adjunto al jefe de gabinete, un asesor, dos técnicos asesores y un responsable de gestión, con retribuciones entre los 3.429 y los 6.306 euros mensuales. El escrito de Ciudadanos, registrado por el diputado Ignacio Martín Blanco, reclamaba información personal sobre estos cargos y exigía la "revocación de los nombramientos de los asesores de presidencia" y que "las revocaciones tengan la misma fecha de efectos que el de la suspensión de Borràs", el pasado 28 de julio.
La Mesa ha considerado que no proceden estos ceses en los términos planteados por Martín Blanco, según informan fuentes parlamentarias, y ha confiado en la vicepresidenta en funciones, Alba Vergès, para resolver su situación. Estas mismas fuentes recuerdan que la decisión afecta a seis personas de forma laboral y personal y que se merecen un "trato cuidadoso". La decisión todavía no ha sido tomada y se tiene que abordar a varios niveles, también a nivel político, para encontrar la mejor solución. Desde la Mesa no aclaran con qué plazos trabajan, simplemente que se tiene que tratar en algún momento.
Inmediatamente se ha conocido, Ciudadanos ha avisado de que presentarán una petición de reconsideración contra la decisión de la Mesa. Su portavoz parlamentario Carlos Carrizosa ha denunciado que esta situación es "absolutamente inaudita".
Un diputado de Vox, bajo lupa por sus insultos
Por otra parte, la Mesa ha recibido otro escrito, el del presidente de la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Se trata de una queja contra el diputado de Vox Alberto Tarradas por los calificativos que utilizó en la última sesión, celebrada el 29 de julio. Allí, el parlamentario de extrema derecha llegó a referirse a Laura Borràs como "narcopresidenta" y a Junts como "panda de matones". La Mesa lo ha trasladado a la comisión del estatuto del diputado, donde ya hay otras quejas también contra Tarradas por su lenguaje, y esta comisión tendrá que decidir si se le aplica o no el código de conducta.