Los trabajadores públicos de la Generalitat recuperarán el 20,77% de la paga extraordinaria que dejaron de percibir en 2012. Así lo ha acordado el pleno del Parlament este miércoles, que ha aprobado por unanimidad el decreto ley correspondiente. También se ha validado el decreto ley de necesidades financieras en prórroga presupuestaria, con los votos en contra de la CUP y la abstención de los comunes.

Los dos decretos han sido acordados por el Gobierno español en virtud de la aplicación del artículo 155, que antes ha hecho saber que ningún representante suyo participaría del debate.

La convalidación de estos dos decretos se tenía que hacer durante el pleno del pasado 5 de abril. Pero, a última hora, JxCat, ERC y la CUP acordaron hacerlos caer del orden del día por la ausencia de miembros del Gobierno español que los tendrían que defender. Según apuntaban, el reglamento establece que un miembro del Govern tiene que comparecer ante la cámara para presentar el documento. Es por eso que pidieron un informe a los servicios jurídicos, que concluyeron que se podía hacer de todos modos. Se han debatido un día antes de que expire el plazo legal para validarlos.

Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Común y el PP han coincidido a la hora de denunciar el supuesto uso político que la mayoría independentista ha hecho de estos dos decretos. Han recordado que el 5 de abril ya se podrían haber aprobado. "Había que culpar a Madrid", ha ironizado el diputado del PP Alejandro Fernández, que ha dicho que "el informe de los letrados desmonta sus estrategias grotescas". También han reprochado que no lo hubiera hecho el Govern de Junts pel Sí y que no se haya puesto calendario a la devolución de las pagas de 2013 y 2014.

Los independentistas han denunciado el uso ilegítimo del artículo 155 para gobernar Catalunya, aunque estén de acuerdo con la devolución de la paga extraordinaria. "Es tan difícil de explicar que este decreto lo apruebe un grupo que tiene 4 de los 135 diputados del Parlamento", ha señalado Chakir El Homrani (ERC). "Es una realidad que no se puede explicar democráticamente", ha sentenciado.