Aumenta la presión sobre el Gobierno español para evitar que recurra al Tribunal Constitucional la Ley catalana 24/2015, aprobada en julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Una opción que en las últimas semanas ha ganado peso, después de que el Alto Tribunal decidiera suspender parcialmente, a petición precisamente del Ejecutivo español, el decreto del Govern que prevé garantizar los suministros de agua, luz y gas a las familias vulnerables. 

Hay recordar que aunque el decreto esté suspendido, el Govern tiene la capacidad de desplegar la ley, que es de rango superior, y por lo tanto, evitar que las empresas puedan cortar estos suministros básicos. Y de hecho, eso es lo que se ha comprometido a hacer el Ejecutivo de Puigdemont, después de que se lo hayan reclamado todos los partidos de la oposición durante estos últimos días.

Hoy mismo, un gesto más en el Parlament. Todos los grupos catalanes de la cámara han acompañado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha comparecido, precisamente, en el atril para reclamar que el Govern defienda la ley ante "la amenaza efectiva" del gobierno de Mariano Rajoy. 

No obstante, el portavoz de PAH, Carlos Macías, ha explicado también que, después de reunirse ayer con los diferentes grupos del Congreso, ha conseguido el compromiso por parte del Gobierno español de no llevar de momento ante el TC la ley catalana.

El mismo Macías ha asegurado que el Gobierno español tenía intención de presentarlo este mismo viernes o el próximo, después de la reunión del Consejo de Ministros. No obstante, la entidad anti-desahucios avisa de que el ejecutivo español tiene tiempo para hacerlo hasta el próximo 5 de mayo. Por eso, aseguran que seguirán estando "atentos" y presionando con movilizaciones, incluso, delante de las sedes del PP como han hecho hasta ahora. 

La respuesta del PP

Una vez acabada la comparecencia de la PAH, el PP ha querido dar también su versión de los hechos. Ante los medios, el diputado popular en el Parlament, Fernando Sánchez Costa, ha explicado que el partido trabaja para evitar "un choque" entre el Estado y la Generalitat por la Ley catalana 24/2015 de pobreza energética. Ambas administraciones buscan un acuerdo en una comisión bilateral para evitar que el Gobierno recurra al TC una ley "que beneficia a tantas personas", ha declarado.

De hecho, la ley, fruto de una iniciativa legislativa popular de la PAH, fue aprobada en julio del 2015 en la cámara catalana con los votos de todos los grupos, incluido el PP, menos en dos puntos que consideraba conflictivos a nivel competencial y que serían los que el Gobierno tendría intención de recorrer. "El PP votó a favor de la gran mayoría de la ley y estamos trabajando intensamente para que los posibles conflictos competenciales no perjudiquen en nada a las personas que lo están pasando mal", ha dicho.

Costa ha lamentado las concentraciones en las sedes de su partido para que no se recurra la ley, y ha añadido que la resolución del conflicto se decidirá con procedimientos democráticos: "La decisión final no estará en ningún caso acondicionada por las amenazas ni los chantajes" de la PAH.