Tres semanas después de que Solidaritat Catalana per la Independència presentara de nuevo su iniciativa legislativa popular (ILP) para que el Parlament declare la independencia del país, la cámara catalana ha paralizado su tramitación a petición de sus promotores. Según fuentes parlamentarias, Solidaritat Catalana ha registrado un escrito donde solicita este aplazamiento, ya que antes quieren reunirse con el presidente de la cámara, Josep Rull, y con grupos parlamentarios que tienen representación en la Mesa, PSC, Junts y ERC, para explicar esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que, a finales de noviembre, el Tribunal Constitucional mantuvo su asedio para condicionar el debate en el Parlament y estimó la impugnación de disposiciones autonómicas, promovida por el Gobierno —y también el PSC— contra el acuerdo de la Mesa del 20 de febrero de 2024, cuando se admitió a trámite la ILP denominada "Proposició de llei de declaració de la independència de Catalunya", la misma que han vuelto a registrar.
Después de esta petición de paralizar la tramitación, está previsto que Rull reciba en enero, pasadas las vacaciones de Navidad, a los promotores. En febrero de este año, la ILP se admitió a trámite con los votos de Junts y la CUP (que ya no tiene representación en la Mesa), mientras que ERC se abstuvo y el PSC no solo votó en contra, sino que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la tramitación de la ley. Desde un primer momento, el partido que ahora tiene la presidencia de la Generalitat señaló que era una iniciativa "extemporánea" y que suponía persistir en errores del pasado. Mientras tanto, desde ERC apuntaban que su abstención era la misma posición política que habían tenido en el pasado en casos parecidos y que esta "responde a la voluntad de escuchar todas las propuestas pero sin querer alimentar callejones sin salida": "No queremos jugar con las expectativas de la gente. Queremos herramientas útiles para resolver el conflicto político con el Estado y votar en referéndum sobre la independencia", defendían.
Decisión del TC
En el comunicado del TC emitido en noviembre, que avanzaba la sentencia, se indicaba que el tribunal "descarta, en primer lugar, el alegato del letrado del Parlament de Catalunya en el hecho de que impugnar el acuerdo de la Mesa era inidóneo". El Tribunal consideraba que "de acuerdo con la doctrina constitucional aplicable, el acuerdo parlamentario cumple con las condiciones exigibles a las resoluciones que pueden impugnarse por esta vía. Esto es así —añadía— porque los efectos que despliega el acuerdo de admisión de la iniciativa legislativa popular tienen relevancia ad extra de la Cámara y al margen de la tramitación parlamentaria de la iniciativa".
El Constitucional también apuntaba a que con esta admisión se inicia un procedimiento que se desarrolla extramuros del Parlament y en el que se ven implicados sujetos, órganos e instituciones ajenos a la Cámara: tanto los ciudadanos que ejercen la iniciativa legislativa popular y la comisión promotora que ejerce la representación de las personas firmantes de la iniciativa, como los órganos o entes administrativos que tienen que ejercer competencias respecto del procedimiento de recogida de firmas.