El Parlament reconoce la capacidad de decidir de las personas que ejercen la prostitución "libre y voluntariamente" y pide trabajar para garantizar sus derechos laborales, sanitarios y de la vivienda. En una curiosa división de los partidos a raíz de este tema tan controvertido, los votos de ERC y Junts han sido suficientes para aprobar este jueves una moción de Ciudadanos que reconoce la "capacidad de agencia" de las personas que ejercen el trabajo sexual sin ser "víctimas de prostitución forzada o tráfico con la finalidad de explotación sexual". Por el contrario, el PSC, siguiendo su particular escuela de pensamiento feminista, y Vox, han votado en contra de este punto y de gran parte de la moción. El texto también reclama garantizar el derecho de las trabajadoras sexuales "a la protección ante las violencias racistas" y "machistas" y pide no "criminalizar el trabajo sexual voluntario". "Todo tipo de criminalización acaba afectando desproporcionadamente a las personas que lo ejercen", defiende la moción. Mientras que ERC, Junts y Cs han coincidido en una visión más liberal del trabajo sexual, la CUP y los comunes han propuesto, sin éxito, medidas para las personas que quieren abandonar la prostitución, pero que no encuentran alternativas laborales, de acuerdo con la corriente feminista más de izquierdas.
Descriminalización y garantía de derechos
El Parlament se ha comprometido a trabajar para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales, "incluyendo sus derechos laborales y sociales como el derecho a la salud y a la vivienda, con independencia del estatus migratorio, y el derecho a la protección ante las violencias racistas, machistas o de cualquier tipo". Los grupos que le han dado apoyo creen que la criminalización del trabajo sexual aumenta "el estigma" hacia las prostitutas, alejándolas de los "servicios y recursos que necesitan" y empujándolas a la "clandestinidad" con "mayor riesgo de explotación y tráfico de seres humanos". Sin embargo, la cámara cree que se tiene que afrontar "con contundencia la problemática de la explotación y el tráfico de personas" y así como proporcionar recursos a las personas que la sufren. Es el único punto que ha obtenido el apoyo del PSC, en línea con la corriente abolicionista y de tolerancia 0 con la prostitución que abandera Carmen Calvo en el PSOE tras perder la pugna sobre la Ley Trans contra la ministra Irene Montero.
Reprochan el "conservadurismo" del PSC
En el debate de la moción, la diputada de Cs Anna Grau ha recriminado al PSC que viva "de espaldas a la realidad" y cree que las propuestas socialistas solo convencen a los "conservadores más rancios". "Cuando no gusta a las personas afectadas es por alguna cosa", ha reprochado en referencia a las trabajadoras sexuales. La diputada de Junts Ester Vallès también ha defendido que las trabajadoras sexuales tengan "acceso a los derechos laborales y sociales": "Sin libertad y derechos, condenaremos a estas personas a una situación precaria e injusta". "Eso no va de quién tiene el carné de feminista más puro, hablamos de garantizar derechos", ha avisado la diputada de ERC a Jenn Díaz, de que acusa a los abolicionistas de estigmatizar a las prostitutas y "verterlas a una situación de máxima vulnerabilidad". Aparte de considerar que la posición del PSC es "peligrosa" porque "contribuye al estigma 'puta'", la diputada de la CUP Basha Changue ha acusado a los socialistas de tener un "sesgo" sobre lo que califican de explotación. "Las temporeras, trabajadoras del hogar o de los cuidados son explotadas y no por eso se reclama la abolición de estos trabajos, se pide la garantía de derechos. Hay que luchar contra la explotación y por eso hay que abolir el capitalismo", ha reivindicado. Mientras tanto, Changue cree que hay que garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales y reprocha al PSC que las "excluya" de la "justicia social".
El PSC y Vox coinciden
En cambio, la diputada del PSC Gemma Lienas ha denunciado que "la prostitución es una institución fundacional del patriarcado" que "dificulta la desaparición de un machismo hegemónico". "El feminismo siempre ha sido abolicionista... ¿La izquierda está a favor de actividades extractivas del cuerpo de la mujer"?, ha preguntado. Hay que recordar que en el Congreso se está tramitando una proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo "en todas sus formas". A su vez, la diputada de Vox Mònica Lora ha afirmado que la "prostitución atenta contra la libertad y la dignidad de la persona que se prostituye" y niega que tengan ninguna "libertad" de decisión. La diputada de ultraderecha ha recriminado a los socialistas que no endurezca lo suficiente las penas: "Siguen protegiendo en exceso al delincuente". El diputado del PP Alejandro Fernández ha replicado a la CUP: "En Cuba no hay prostitutas, ¿verdad?". De todos modos, los populares han dado apoyo a la moción, excepto al punto que pide agilizar los trámites para obtener los permisos de residencia porque considera que eso "abre la puerta al fraude masivo". Fernández ha dicho que "respeta" las posiciones abolicionistas, pero cree que hay que regular la prostitución mientras exista para que se puedan garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales.
Trabajadoras migradas y alternativas laborales
Aunque la moción no menciona la ley de extranjería, ERC, Junts y los comunes han advertido que también hay que derogarla para facilitar la regularización de las trabajadoras sexuales. Ahora bien, el texto sí que pide al Gobierno que agilice "los trámites para la obtención de los permisos de residencia y trabajo a las víctimas de tráfico de seres humanos y a las trabajadoras sexuales en situación irregular administrativa". El PP ha votado en contra de este punto. Finalmente, el punto que instaba al Gobierno a ofrecer "mecanismos de acceso a alternativas laborales dignas, no precarizadas por las mujeres que quieran abandonar el trabajo sexual" no ha prosperado, ya que solo ha obtenido los votos de los comunes y la CUP. "Garantizamos derechos, no perseguimos y las mujeres mismas decidirán", ha dicho Susanna Segovia de En Comú Podem, que pide no "encerrar" el debate y "poner en el centro a las trabajadoras sexuales". Segovia ha exigido regularizar administrativamente su situación y dar alternativas de trabajo que "no sean precarizadas ni feminizadas".