La Mesa del Parlament tiene previsto acordar en la reunión extraordinaria que el president, Roger Torrent, ha convocado para este viernes por la mañana la presentación de una querella contra el juez del Supremo Pablo Llarena, según han adelantado tanto los portavoces de JxCat como de ERC.

La querella ha sido acordada por los grupos independentistas y será la respuesta ante la decisión del juez de no autorizar la presencia de Jordi Sànchez al pleno de investidura convocado para el viernes.

El presidente del Parlament ya había anunciado a través de una nota de prensa que el pleno quedaba aplazado y que, en su lugar, se convocaba una reunión urgente de la Mesa para responder a la "vulneración de derechos del Tribunal Supremo" con "actuaciones políticas y legales que se puedan derivar".

En una comparecencia posterior en la sala de prensa del Parlament y a preguntas de los periodistas, el diputado de JxCat y vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha anunciado el acuerdo de los grupos independentistas de presentar una querella. Acto seguido, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, lo ha confirmado.

JxCat ya había propuesto esta iniciativa a la Mesa después de la primera negativa del juez del Supremo a aceptar la investidura de Sànchez. La Mesa acordó entonces estudiarlo y el acuerdo ha quedado ya cerrado.

Cs "no consentirá" la querella

A continuación ha sido el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quien ha comparecido en la sala de premsa para advertir que no consentirán que se dedique dinero público a presentar una querella contra el juez porque sería un "gasto ilegal", por lo cual Ciudadanos hará "todo lo posible para evitarlo, incluido pedir a los tribunales que se pronuncien".

"No consentiremos que se gaste ni un euro para querellarse contra un servidor público, para que el Parlament diga al juez lo que tiene que hacer", ha advertido.

Fuentes de la formación que lidera Inés Arrimadas aseguran que si el Parlament dedica fondos a defender los derechos de Jordi Sànchez, que consideran un interés particular, constituiría un delito de malversación y una "utilización ilegítima de dinero público". Por esta razón, aseguran que más allá de la decisión de que adopte el órgano de gobierno de la Cámara, Ciudadanos pondrá en marcha todas las medidas que tenga a su alcance para impedir que se materialice.