El Parlament de Catalunya ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ignorar la nueva legislación sobre la lengua catalana en la escuela y ha rechazado su "última injerencia", en referencia a una sentencia firme de esta instancia que obliga a aplicar el 25% de castellano en una escuela de Barcelona. Así consta en el primer punto de una moción de ERC que ha sido aprobado hoy por la cámara catalana. Ha contado con los votos de los republicanos, Junts per Catalunya y los comunes. En cambio, el PSC, la CUP, Vox, Ciudadanos y el PP han votado en contra. Los diputados anticapitalistas lo han hecho para recordar que la nueva ley no blinda el catalán.
En cambio, los socialistas y los ciperos sí que han dado apoyo a otro punto del mismo texto, el que constata "la necesidad de un Pacto Nacional por la Lengua para el reimpulso de la lengua catalana". Los mismos dos partidos han votado a favor de incrementar el catálogo de filmes doblados y subtitulados al catalán en las plataformas audiovisuales.
Con la moción aprobada, la cámara catalana también ha exigido al Govern "reforzar la red universitaria de estudios catalanes en el exterior con la incorporación de nuevas cátedras y lectorales de catalán". De la misma manera, el texto reclama al ejecutivo una "mayor presencia de la lengua catalana en el ámbito de los juegos, videojuegos y otras plataformas interactivas de ocio, siempre y cuando cumplan las condiciones necesarias". Todos los puntos del documento han salido adelante.
Malestar por la actitud del TSJC
Con esta moción, el Parlament expresa su malestar por las recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligan a algunas escuelas catalanas a aplicar el 25% de castellano. La nueva normativa aprobada por el Govern y por el Parlament rechaza el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas en las aulas, pero el TSJC argumenta que eso "no afecta de forma automática" a las resoluciones judiciales previas que habían acordado implementar este porcentaje de forma cautelar. De hecho, el mismo TSJC llevó al Tribunal Constitucional la nueva legislación, al constatar que su vigencia imposibilita el cumplimiento de su sentencia inicial que obligaba a aplicar el 25% de castellano en la escuela.
Basándose en el nuevo marco normativo, el Govern de la Generalitat dio la orden que se dejara de aplicar el 25% de castellano en las escuelas e institutos que lo estaban haciendo por orden del TSJC, ya sea por sentencia o por medidas cautelares. Se trata de 27 centros en toda Catalunya y 48 aulas en total.