El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley que reduce al 50% el alquiler de negocios que se ven forzados a cerrar por las restricciones, en caso de que arrendatario y propietario no lleguen a un acuerdo para modificar la relación contractual que tienen.

Así pues, la cámara catalana -con los votos a favor de JxCat, ERC y Catalunya En Comú Podem y la abstención del resto de los grupos de la oposición- ha dado luz verde al decreto que el Ejecutivo catalán aprobó el pasado mes de octubre con el objetivo de dar aire a todos aquellos negocios que se han visto obligados a cerrar a causa de la pandemia de la Covid-19, como son bares, restaurantes y centros de estética.

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Un restaurante de Barcelona cerrado a causa de las restricciones / Foto: Sergi Alcàzar

El texto deja por escrito que en caso de que el cierre se alargara más de tres meses en un mismo año, la parte que alquila el inmueble podría optar por desistir del contrato sin penalización mientras se mantenga" el cierre o "hasta tres meses después del cese completo de las medidas.

El decreto ley también contempla una modificación de los contratos de arrendamiento para todos aquellos negocios que se vean obligados a restringir "parcialmente" su actividad. En este caso, la modificación contractual se tendría que hacer "en una proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento del inmueble, medida objetivamente por la reducción de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas por la norma".

Por último, la medida establece que el hecho de que el negocio en cuestión ofrezca servicios de entrega a domicilio o recogida no afecta a la posibilidad de exigir la reducción al 50% del precio del alquiler.

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Los negocios que ofrezcan productos a domicilio o para llevar también podran optar a la medida / Foto: Sergi Alcàzar

La cobertura legal, vía rebus sic stanitibus

Para dar cobertura legal a la medida, la Generalitat aprobará en el plazo máximo de dos años un nuevo proyecto de ley para incorporar al ordenamiento jurídico la cláusula rebus sic stanitibus, que permite establecer la regulación necesaria para que se pueda renegociar un contrato en caso de "cambios imprevistos de las circunstancias". La norma se tendrá que promover desde el código civil.

El apoyo de los comuns

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha destacado durante el debate que la normativa permitirá repartir con igualdad las consecuencias negativas derivadas de la suspensión o las restricciones de la pandemia.

El decreto ha obtenido el apoyo , además de los grupos de Govern, del de Catalunya En Comú Podem. El diputado Lucas Ferro ha defendido la medida con el fin de evitar impagos y el cierre de pymes.

Por el contrario, ha criticado que no establezca "ningún parámetro económico" y se ha preguntado en qué situación quedarán las empresas que presten un servicio a la administración pública.

La abstención de la oposición

Todos los grupos de la oposición excepto Catalunya En Comú Podem se han abstenido en el decreto ley. El argumento ha sido similar en todos los grupos: es insuficiente, pero no se opondrán a una ayuda para los negocios que se están viendo afectados.

Así pues, el diputados de Ciudadanos Ignacio Martín Blanco ha acusado al Govern de "trasladar la responsabilidad a los ciudadanos" y perjudicar a los arrendadores. También ha criticado que el decreto ley no diferencie entre pequeños y grandes tenedores, crítica a la cual se han sumado los otros grupos.

La diputada del PSC Rosa Maria Ibarra ha vaticinado que el decreto aumentará los conflictos judiciales entre arrendadores y arrendatarios por el resultado final de la reducción del 50% y ha calificado de insuficientes los 40 millones, más los nuevos 50, movilizados por el Ejecutivo.

Maria Sirvent, de la CUP, ha calificado el decreto "del todo insuficiente" y ha criticado que no se contemple en ningún caso superar el tope del 50%. También ha pedido su tramitación como proyecto de ley.

Santi Rodríguez, del PP, ha adjetivado el decreto de "salomónico" y ha recordado que la tendencia desde el mes de marzo entre arrendadores y arrendatarios era la del pacto, cosa que ya no se repetirá, según ha dicho.