La renta garantizada ya es una realidad. El Parlament de Catalunya ha aprobado en su pleno de este miércoles la proposición de ley de la renta garantizada de ciudadanía, nacida de una iniciativa legislativa popular (ILP). Después de un camino obstaculizado por los cambios de legislatura, esta nueva prestación para los sectores más vulnerables ha recibido el voto a favor de todos los grupos parlamentarios.

Esta ayuda, que estaba recogida en el Estatut, todavía no se había desplegado. Es una prestación base para las personas y familias que no disponen de los ingresos necesarios para una "vida digna". Estos colectivos recibirán una renta mensual de 664 euros en 2020, cuando esté desplegada del todo. Se empezará con 564 euros este año y se irá incrementando progresivamente hasta entonces.

Según la proposición, los importes se podrán ampliar según los miembros de la unidad familiar, hasta un máximo de 1.200 euros. Podrán pedir la ayuda los mayores de 23 años con un mínimo de dos años de residencia en el país y hayan agotado todas las prestaciones y no tenga los recursos mínimos para atender las necesidades básicos. El umbral está fijado en 569,12 euros mensuales.

Esta iniciativa legislativa popular acumula más de cuatro años de recorrido. La Mesa del Parlament abrió la tramitación en marzo de 2013. La comisión de control proclamó el 28 de enero de 2014 que se habían superado el mínimo de 50.000 firmas necesarias para su tramitación. En total recogió 121.191.

A pesar de los matices y las divergencias en los detalles, y también algunas dudas, todos los grupos parlamentarios han remarcado que hoy es un día importante con la creación de un nuevo derecho para los sectores más vulnerables, desde una iniciativa surgida en la calle. Ha sido un acuerdo de mínimos entre todas las formaciones.

Una "ruptura total"

Los portavoces de la comisión promotora de la ILP, Diosdado Toledano y Sixte Garaganté, han abierto el debate este miércoles en el Parlament de Catalunya, donde han aplaudido la creación de este nuevo derecho, que consideran que supone una "ruptura total" con la renta mínima de inserción (RMI), también conocida como Pirmi. Los impulsores han recordado que el 6,7% de los catalanes viven en situación de pobreza severa.

"Es muy importante que nos hayamos puesto de acuerdo, y eso ha sido posible gracias a que todos han hecho concesiones", ha asegurado Diosdado Toledano, que ha hablado de un "día histórico de que recordará el pueblo de Catalunya". Sixte Garganté ha valorado la supresión del Pirmi, una renta que no satisfacía las necesidades sociales y laborales de estos ciudadanos más vulnerables.

"Nadie quede en la acera"

La consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, se ha mostrado satisfecha después de la decisión del pleno del Parlament. Para Bassa es "un paso hacia un nuevo estado con todas las políticas implementadas para que nadie quede en la acera". En declaraciones a los periodistas después de la sesión, la consellera ha asegurado que "los que dicen que al Govern sólo le interesa el proceso hace falta decirlos que con eso se ve que tanto importante es el lado nacional como el social".