Unanimidad de los partidos para reprobar al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, con la única excepción de Esquerra Republicana. El Parlament ha reprobado en dos mociones, una de Junts y otra del PSC, la actuación de Campuzano por haber anunciado en un acto electoral junto con Gabriel Rufián, candidato de ERC en Santa Coloma de Gramenet, el impulso de una segunda residencia en la ciudad del Barcelonès en función de los resultados que obtengan los republicanos, en opinión de las formaciones. Lo ha hecho con 96 votos a favor y los únicos 33 en contra de Esquerra. En la moción del PSC, los votos favorables se han reducido a 92 porque cuatro diputados de Vox se han abstenido erróneamente. De esta manera, el titular del Departament de Drets Socials se convierte en el segundo conseller reprobado del actual Ejecutivo. El primero fue Joan Ignasi Elena, conseller de Interior, a pesar de que entonces —en noviembre de 2022— Junts y los comunes se abstuvieron y la CUP votó en contra.

En la moción de Junts per Catalunya sobre la acción institucional, el punto 3 recoge "reprobar toda actuación de carácter electoralista de cualquier conselleria que no se atienda a criterios de planificación". En este sentido, explica, "reprueba la reciente actuación del conseller Campuzano que anunció en un acto electoral de partido actuaciones del Departament de Drets Socials encaminadas a la construcción de una nueva residencia, así como por no hacer efectiva, de forma inmediata, la comparecencia en sede parlamentaria, a pesar de la solicitud con carácter de urgencia aprobada por esta cámara". En el caso de la moción del PSC sobre el modelo residencial, también incluyen la reprobación de Campuzano: "El Parlament de Catalunya reprueba la actuación del conseller de Drets Socials por participar en un acto político en Santa Coloma de Gramenet, donde vinculó la creación de una segunda residencia pública a los resultados de una formación política en las elecciones municipales de 2023". Para los socialistas, la actuación del conseller "supone un menosprecio a las instituciones de Catalunya y un uso inapropiado del cargo de conseller de la Generalitat".

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Momento de la votación de la reprobación del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano / Foto: Carlos Baglietto

La oposición coincide en criticar la conducta "inaceptable" de Carles Campuzano

Durante el debate de la moción sobre la acción institucional, la portavoz de Junts, Mònica Sales, ha defendido la reprobación del conseller porque "no se pueden condicionar decisiones gubernamentales al resultado de unas elecciones". "Han pasado casi 30 días de aquella promesa y el menosprecio al Parlament no deja de crecer, ya basta", ha afirmado con contundencia Sales. Para los juntaires —palabra que también han usado los otros grupos—, la conducta de Campuzano en aquel acto en Santa Coloma de Gramenet fue "inaceptable" y Mònica Sales ha añadido que esta promesa resulta también "inaceptable para los vecinos de Santa Coloma que ven condicionada su libertad de voto". "El anuncio que el conseller hizo es el vivo ejemplo del incumplimiento de las premisas básicas de la política, no se puede confundir la institución con el partido y nunca un Govern había abusado tanto de su poder ejecutivo en clave electoralista", ha denunciado la portavoz juntaire.

 

Desde los comunes, el diputado Juan Carlos Gallego ha instado al Govern a tener un respeto "escrupuloso" a la "ética de la responsabilidad" y que la práctica del conseller Campuzano fue "reprobable, próxima al amiguismo político, al clientelismo y a la prevaricación". "Hay que reprobar estas prácticas las haga quien las haga y vengan de donde vengan", ha lanzado con dureza. Por parte de la CUP, Dolors Sabater ha lamentado que hay una "degradación de la política que tenemos que parar" y ha criticado que se mezcle el "papel institucional con la campaña partidista". Sabater ha querido destacar que el caso de Carles Campuzano "no es excepcional", sino que es "estructural": "El PSC y Convergència han practicado alegremente estas promesas cuando tenían el poder, es intolerable y aceptable". La cupaire ha cargado contra el hecho de que "cuando se le ha recriminado al conseller Campuzano la actuación, se ha reafirmado y el Govern lo volvía a hacer con el conseller Cambray prometiendo la construcción de equipamientos educativos". "Basta de clientelismo", ha exclamado. El PSC ha considerado que la moción de Junts es "absolutamente oportuna". La portavoz Alícia Romero se ha dirigido al conseller de Drets Socials para "recordarle que la acción institucional se tiene que guiar por "la objetividad, eficacia y eficiencia y no el electoralismo". "Esperamos que el Govern rectifique", ha concluido Romero.

Esquerra Republicana reprocha a los partidos "el electoralismo" en las mociones para reprobar a Campuzano

Esquerra Republicana se ha revuelto contra las mociones para reprobar al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. De hecho, los republicanos han lamentado la "trivialización que se ha hecho de las mociones" porque el objetivo real que tienen es "simplemente reprobar al conseller". El diputado Jordi Orobitg ha salido en defensa de Campuzano y ha sostenido que "no es cierto que hubiera una promesa por parte del conseller Campuzano según el resultado electoral, él explicitó las condiciones que la Generalitat exigiría al Ayuntamiento ganara quien ganara las municipales, pero lo obvian por intereses electoralistas". Orobitg cree que Junts está en un proceso de "luto" por la salida de Govern y que se "constata" con mociones como la que han registrado: "Superen su trauma y las divisiones internas, porque con estas mociones no vamos a ningún sitio".

Más adelante, Marta Vilalta ha añadido que Carles Campuzano es "uno de los consellers más reconocidos del sector" y que los equipamientos "se hacen con datos objetivos y teniendo en cuenta las necesidades". La portavoz republicana se ha dirigido al PSC para reprocharles una "contradicción": "Ustedes que critican al conseller Campuzano, ¿qué tienen que decir de Pedro Sánchez haciendo el anuncio de las 50.000 viviendas de la Sareb en un mitin del PSOE? ¿O qué tienen que decir del hecho que Sánchez blanquee ahora la extrema derecha italiana?".

Aparte de la reprobación al titular del Departament de Drets Socials, la moción sobre la acción institucional de Junts ha tirado adelante con dos puntos más que indican que "la acción institucional del Govern se tiene que fomentar en los principios de servicio público en pro de la garantía del progreso económico y social de toda la población, y en los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad, equilibrio territorial, pluralismo, transparencia, equidad, consenso y justicia social con el fin de hacer políticas realmente transformadoras que no estén supeditadas a convocatorias electorales ni a objetivos partidistas, contando con una planificación de inversiones". En paralelo, la moción de los juntaires insta al Govern a "consensuar con los principales actores políticos y sociales las iniciativas parlamentarias, especialmente las legislativas, que tienen que hacer frente a los grandes retos de país y tienen que impulsar las políticas públicas que articulen las transformaciones socioeconómicas necesarias, antes de su impulso o de su aprobación en el Consell Executiu para que se garantice el máximo acuerdo social posible así como un amplio apoyo parlamentario".

En el caso de la moción del PSC sobre el modelo residencial, se insta al Govern a hacer en el plazo de dos meses "las modificaciones de crédito necesarias al presupuesto de 2023 que posibiliten la redacción del proyecto y la posterior construcción y gestión de una residencia pública en Santa Coloma de Gramenet". También urge al Ejecutivo a presentar en el plazo de tres meses "una planificación territorial para programar la construcción de residencias y centros de día públicos para personas mayores y personas con discapacidad en aquellos terrenos cedidos por parte de los Ayuntamientos a la Generalitat", a presentar en un mes una nueva "programación territorial de Servicios Sociales Especializados 2024-2028" y a hacer efectivo en un mes "el incremento de un 4% de las tarifas en todo el sector social, especialmente orientado a la mejora retributiva y de condiciones laborales de los profesionales del sector".