Por tercera vez en menos de un mes, el Parlament debatirá y votará sobre el derecho de autodeterminación. Una cuestión que el Tribunal Constitucional ha vetado repetidas veces, con requerimientos continuados al presidente y el resto de miembros de la Mesa, donde les advierte de su obligación de paralizar cualquier iniciativa relacionada con esta temática. Será la próxima semana a través de una moción de Junts per Catalunya.

El texto en cuestión plantea los próximos pasos a seguir tras las elecciones generales del 10-N. El apartado segundo defiende la necesidad de promover iniciativas y compromisos políticos para resolver "el conflicto político entre Catalunya y el Estado español". Y es ahí donde vuelve a insistir en que esta solución "no puede ser otra que el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum".

Asimismo, la moción de JxCat aborda las negociaciones abiertas entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que sitúan la mesa de diálogo entre gobiernos como una condición indispensable para la abstención de los 13 diputados republicanos en el Congreso. A pesar de no hacer referencia directa a los contactos entre los de Junqueras y los socialistas, sí que aprovechan para reivindicar la figura del president Quim Torra como actor indispensable para capitanear las futuras conversaciones entre gobiernos. "Es imprescindible el reconocimiento institucional, al máximo nivel, entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España", dice, y añade que "es necesaria una interlocución política sólida entre la presidencia de la Generalitat y la presidencia española".

La iniciativa pone énfasis también en la necesidad de que haya "una mediación internacional" y apuesta para "promover un cordón sanitario a la ultraderecha para evitar la normalización política en las instituciones".

Esta nueva moción volverá a ocupar los titulares, cuando hace sólo quince días que los grupos independentistas del Parlament volvieron a reivindicar el derecho a debatir y votar sobre la autodeterminación. Antes, el 12 de noviembre, JxCat, ERC y la CUP ya validaron una moción de los anticapitalistas que defendía lo mismo. Por aquellas dos votaciones, la Fiscalía investiga al presidente del Parlament por desobediencia.