El Parlament ha aprobado el proyecto de ley de medidas de protección del derecho en la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social; conocida popularmente como la ley antidesahucio.

Se trata de una ley presentada por el procedimiento de urgencia para sustituir la Ley 24/2015 que fue parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional y que buscaba dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión social y habitacional.

La norma ha sido aprobada, en la mayoría de los puntos, por unanimidad, aunque ha habido algunos artículos que han tenido el voto en contra o la abstención de PP y C's.

Objetivo

El objetivo de la ley es establecer mecanismos para evitar desahucios y activar protocolos que permitan el realojamiento de los desahuciados.

La oposición ha compartido la necesidad de la ley, aunque han reclamado que se dote del presupuesto necesario para hacerla efectiva y que se insista en la necesidad de crear un parque de vivienda social suficiente, así como de hacer frente al fenómeno de los alquileres abusivos.

Nuevos mecanismos

La ley crea la Comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia para coordinar las administraciones sobre esta cuestión y prevé mecanismos de mediación; expropiar temporalmente viviendas vacías y ayudar económicamente a los afectados.

La nueva ley permitirá utilizar de manera temporal viviendas vacías de entidades financieras para darles un uso social y se hará a partir de un sistema de expropiación temporal del uso de la vivienda.

También prevé un sistema para que las entidades bancarias y grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas, cosa que tendría que servir para evitar desahucios y que se ofrezca alquiler social.

El debate parlamentario

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha pedido la palabra para agradecer a los grupos, administraciones y entidades sociales su colaboración para redactar la norma, y ha defendido que es "sólida", por lo cual no tendría que volver a tener problemas para aplicarse, según su opinión.

Marc Solsona (JxSí) ha destacado que la ley es una herramienta potente para que las administraciones luchen contra la emergencia habitacional y también que incluye una memoria económica para que la Generalitat tenga que asumir "todo el compromiso" que pueda derivarse de la norma.

El diputado de la CUP Joan Garriga ha cargado contra la sobreprotección que, según su opinión, tiene el sector bancario, y ha resumido así el espíritu de la ley: "Nunca más ante el juez casos como el de Verónica y Eliseo, desahuciados, por el 'pecado' de defender su vivienda".

Ante las críticas de muchos grupos al TC por haber suspendido la norma original, Jordi Terrades (PSC), ha recordado que el tribunal no tocó artículos relativos a la lucha contra la pobreza energética que, a pesar de estar vigentes, no se están aplicando.

Fernando Sánchez Costa (PP) ha defendido la necesidad de acoger "obligatoriamente" a las personas que se quedan sin vivienda, pero ha advertido que la administración pública tiene que asumir los costes y no tiene que externalizar esta responsabilidad en el sector privado.

C's ha dado apoyo a gran parte del articulado, pero el diputado Sergio Sanz ha criticado al Ejecutivo catalán: "Ustedes invierten lo mismo en medios subvencionados que en políticas de vivienda. No es extraño que Catalunya esté donde se producen más desahucios de toda España".

Luchar contra el "alquiler abusivo"

Lluís Rabell (SíQueEsPot) se ha mostrado crítico con la anulación por parte del TC de la ley original, y ha insistido en que ahora, aparte de los desahucios, se ha instalado una nueva problemática en el cual hay que dar respuesta que es el "alquiler abusivo".

Precisamente SíQueEsPot y la CUP presentaron enmiendas a la norma con las cuales pretendían regular este alquiler abusivo, cosa que ven como un problema extendido en Catalunya, pero finalmente no ha prosperado.

JxSí rechazaba este punto, ya que consideraba que generaba dudas jurídicas, por lo cual finalmente se ha optado para incluir una disposición final a la ley aprobado en que se establece que el Govern impulsará una norma integral sobre alquiler abusivo en un plazo de nueve meses.

Regusto agridulce de la PAH

Aparte de las diferencias ideológicas y de prioridades de los partidos a la hora de afrontar esta cuestión, el recurso del Tribunal Constitucional a la anterior ley ha obligado a ser especialmente cuidadosos en algunos aspectos y menos ambicioso.

En parte, por eso, entidades como la PAH creen que la ley se queda corta.

El portavoz de la PAH y del grupo promotor de la ILP por la ley de vivienda, Carlos Macías, considera que "se renuncia al cambio de paradigma" que establecía la ley con artículos suspendidos: "responsabilizar a quien hace negocio con un bien de interés general" como la vivienda.

Además, ha lamentado que a diferencia de la 24/2015 la segunda oportunidad para las familias queda ahora en manos de "la buena voluntad de la banca, que no existe," y se ha quejado de que los mecanismos para ampliar el parque público de alquiler social y para obligar el realojamiento "dejan fuera de la inmensa mayoría de las familias en riesgo de exclusión residencial".

Por todo ello voz "imposible" abordar la emergencia habitacional con la nueva ley y con la inversión que prevén los presupuestos.

Macías ha lamentado en primer lugar que la nueva ley que se ha aprobado este jueves en el Parlamento "renuncie al cambio de paradigma" que impulsaba, a su entender, la 24/2015: lo que "obligaba a los grandes propietarios a asumir la responsabilidad de hacer negocio con un bien de interés general, ahora continuamos con transferencia de dinero público para pagar beneficios a quien especula".

Además, el impulsores de la 24/2015 con artículos suspendidos ahora por el TC consideran que los mecanismos que se introducen a la nueva ley son "voluntarios, caros, lentos y complicados".

Por ejemplo, los mecanismos para ampliar el parque de alquiler social y la obligación de realojamiento son, para la PAH, "caros" y no señalan a un "gran tenedor a quien obligar" sino que sólo afectan a las viviendas que están en el registro de pisos vacíos – "el banco los registra voluntariamente" - y cree que eso deja fuera de "el 90% de las familias que están en riesgo de desahucio".

Además, Macías también ha criticado que la medida para parar desahucios tiene un carácter temporal de 3 años, prorrogable una vez. Y en este sentido considera que es "imposible" de ampliar el parque público de alquiler social con la inversión del 0,02% que se dedica a los presupuestos para este tema.

Presupuestos

"Es imposible hacer reformas estructurales con los presupuestos y abordar el problema con esta ley; hay que dejar atrás la burbuja inmobiliaria y construir reformas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda".