El Parlamento ha dado hoy luz verde a tramitar el proyecto de ley sobre emergencia habitacional. Se trata de una ley presentada por el procedimiento de urgencia para sustituir la ley 24/2015 que fue parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional y que buscaba dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión social.
El pleno del Parlament ha hecho el debate a la totalidad del proyecto de ley del Govern que, entre otras cosas, prevé la expropiación temporal a los bancos de los pisos vacíos y la mediación en la paralización de desahucios.
La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha defendido que se trata de una buena ley, imposible de invalidar jurídicamente y que se ha hecho con el consenso de entidades sociales y varios partidos políticos.
La consellera ha defendido que la nueva norma es una "respuesta de país" después de la suspensión del Constitucional, para dotar de herramientas el mundo local para hacer frente a la emergencia social.
Críticas al PP
Borràs ha criticado la decisión del Ejecutivo del PP de recurrir la ley del 2015, cosa que ha provocado según su opinión una mayor "desprotección" a los colectivos más vulnerables: "No es un conflicto entre dos administraciones, ni ideológico, ni de competencias o de banderas, sino un conflicto que deja a mucha gente vulnerable desprotegida, y este drama", ha considerado la consellera.
El gobierno español recurrió varios puntos de la Ley 24/2015 al considerar que invadía competencias y que suponía un agravio con respecto al resto de ciudadanos del Estado español, entre otros. En mayo de este año el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso y eso comportó la suspensión automática de los artículos recurridos.
Novedades
El proyecto de ley de protección en la vivienda para personas en situación de exclusión social sustituye la cesión temporal obligatoria de viviendas que había en la ley suspendida, por la expropiación del uso temporal de las viviendas y propone como alternativa al alquiler social obligatorio un sistema de realojamiento de las familias con alquiler social.
Además, la nueva ley establece un proceso de mediación para evitar los desahucios amparándose en el Código de consumo, y prevé la creación de entes territoriales que analizarán los casos y elaborarán planes integrales para solucionarlos.