El Parlament ha rechazado este martes dar por suspendidos a los diputados procesados, pero ha aprobado que puedan designar voluntariamente sus funciones en otro compañero de grupo para poder mantener las mayorías parlamentarias surgidas de las urnas el 21-D y que los encausados no pierdan las actas.
El primer punto del dictamen elevado al pleno por la comisión del Estatuto del Diputado, y que preguntaba si la cámara considera suspendidos a los diputados, ha quedado rechazado por los votos en contra de JxCat, ERC, los comunes y la CUP. Por lo contrario, el punto sobre la posibilidad de designación, ha quedado aprobado con los votos de JxCat, ERC y los comunes. La CUP ha votado en contra porque considera que la designación "no garantiza la soberanía del Parlament".
Cs, PSC y PP se han negado a participar en la votación al considerar que no se puede someter a votación una resolución parlamentaria. Además, los diputados de Cs y los populares han abandonado el hemiciclo antes de empezar la votación.
El portavoz del partido naranja, Carlos Carrizosa, ha asegurado al inicio del debate que no se puede someter a votación una resolución judicial y ha acusado al independentismo de intentar "erigirse por encima de los tribunales". Por el contrario, JxCat y ERC han defendido el acuerdo y su votación con el fin de proteger el Parlament de las "injerencias ilícitas" de los tribunales.
Debate sobre el criterio de los letrados
Además, durante el debate parlamentario el unionismo ha criticado que se haya permitido la votación separada de los dos puntos del dictamen y que se haya permitido que el segundo punto pudiera superar el trámite sólo con mayoría simple.
Durante los últimos días los letrados de la cámara habían mostrado criterios diferentes sobre qué tipo de mayoría hacía falta para aprobar el dictamen. Este martes, sin embargo, el secretario general de la cámara, Xavier Muro, ha trasladado a los diputados que si se pedía votación separada de los puntos, hacía falta una mayoría absoluta en el primer punto pero simple en el segundo.
Sin embargo, la oposición ha acusado a los independentistas de utilizar a los letrados en función de sus necesidades.
"Se ha inventado un relato de Estado"
Tanto JxCat como ERC han aprovechado sus intervenciones para denunciar lo que consideran una "injerencia" judicial y un intento de romper la "separación de poderes" y han defendido el derecho de todos los diputados a serlo. En este sentido, la diputada de JxCat Marta Madrenas ha defendido el "respeto a la soberanía del pueblo" expresada en las urnas el 21-D y ha acusado a la oposición de pretender convencer de que "este tema es irrelevante y no importa". "Creo que no hace falta ningún máster para entender que eso importa a la ciudadanía", ha advertido.
Por otra parte, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Gerard Gómez del Moral, ha defendido que "no tendríamos que tener este debate porque no tendría que haber presos ni se tendrían que haber vulnerado tantos y tantos derechos en sólo un año". Además, el republicano ha vuelto a denunciar que los presos políticos no están teniendo una instrucción del caso justa ni tendrán un juicio justo. "Se han fabricado pruebas, se ha inventado un relato de Estado", ha advertido, para recordar que la suspensión de los diputados antes del juicio sólo es posible en unos casos muy determinados. "No son violentos, ni son de bandas armadas, ni somos terroristas", ha defendido.
La portavoz adjunta de los comunes, Marta Ribas, ha aprovechado su intervención para justificar su apoyo a la propuesta de JxCat y ERC con el fin de "desbloquear" la situación. Ribas ha tachado el auto de Llarena de "injusto" y ha apelado al PSC a quien le ha reprochado que no participara de la votación. "La forma de devolver la política al Parlament es votando que haya una solución", ha asegurado, añadiendo que para los comunes el rechazo a la suspensión votado en el primer punto del dictamen es "simbólico".
Finalmente, Vidal Aragonés de la CUP ha criticado que los independentistas hayan optado por permitir la designación de los diputados ya que consideran que es "acomodar la resolución de Llarena" y "aceptar la acción represiva del estado".
"Golpe a la democracia"
Por parte del unionismo, la presidenta del grupo parlamentario de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado en JxCat y ERC de cometer un "ataque a la democracia" porque "votarán si cumplen o no una resolución judicial". Con esta argumentación, Arrimadas ha comparado el procesamiento de los presos políticos y de Carles Puigdemont con la sentencia de la Gürtel. "¿Se imaginan que el PP quisiera votar en el Congreso si cumplen la sentencia judicial?", se ha preguntado. La líder del partido naranja también ha anunciado una querella contra Torrent y la Mesa para permitir la votación.
También la diputada Alicia Romero del PSC ha criticado que se votara el auto de Llarena y ha denunciado que hacerlo pone en duda el "respeto a la separación de poderes". Por este motivo, Romero lo ha tildado de "inaudito" e "intolerable en democracia". Sin embargo, la socialista ha asegurado que desde el momento en que se retiró el sueldo de los diputados ya se los dio por suspendidos y ha considerado que el rechazo a la suspensión es una escenificación y ha instado a los independentistas a dejar de "engañar" a la gente.
También los populares, en boca del diputado Santi Rodríguez, han tachado el debate de "innecesario" porque consideran que la suspensión dictada por Llarena es "automática". "Nosotros no participaremos de su engaño y no votaremos este dictamen", ha advertido.
El intento de asalto al Parlament se cuela en el pleno
Por otra parte, Arrimadas ha aprovechado su intervención en el pleno para atacar el Govern y el president Quim Torra, después de que la manifestación en recuerdo del 1-O acabara con un intento de asalto de un grupo a las puertas del Parlament. Arrimadas ha considerado que fue un "ataque a la democracia" y ha acusado a Torra de animar a los "comandos separatistas violentos" al asegurar que los CDR hacen bien en apretar a los presos. "Estas palabras lo perseguirán toda la vida", ha advertido.
También se ha sumado a la crítica el popular Santi Rodríguez, quien ha pedido la dimisión del president Torra por "dignidad del cargo", como también había hecho anteriormente el presidente del grupo, Xavier García Albiol.
En el otro extremo se ha situado la CUP, que ha criticado al Govern por pedir movilizaciones de los independentistas y después reprimirlas con la actuación de los Mossos d'Esquadra.