Trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala (un tercio de los 35 miembros del organismo) han presentado un escrito instando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dimitir. Consideran que su renuncia al cargo es "imprescindible" por tal como ha ido avanzando el caso por el cual se le investiga: la filtración de los correos electrónicos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en que reconocía haber cometido un delito fiscal; no declarar 350.000 euros a Hacienda. En el texto, los fiscales señalan que la instrucción del Tribunal Supremo "ha superado las previsiones más pesimistas en la erosión del Ministerio Fiscal". "La institución está sometida a una tensión insoportable", añade la carta, que no solo ha sido firmada por fiscales de tendencia conservadora.

 

 

En la misiva, los fiscales lamentan que García Ortiz no respondiera a las preguntas del juez instructor del Tribunal Supremo en su declaración del pasado miércoles. "Es impropio de un estado democrático de derecho", añaden. Señalan que esta estrategia de defensa es legítima a título particular, pero no por parte de alguien que está representando al Ministerio Fiscal: "Una de sus funciones es velar por la independencia de los tribunales". Ante esta situación, la carta asegura que se ha producido "una merma de la confianza de la ciudadanía" con la institución, así como "un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales". Dicho esto, los fiscales que firman la carta también apuntan que una dimisión "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad", porque va a quedar siempre "intacta la presunción de inocencia". 

La carta está firmada por los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra. Dos de las firmantes, Madrigal y Segarra, son exfiscales generales del Estado.

El pasado mes de octubre, en un comunicado, los fiscales conservadores también disparaban contra el Fiscal General del Estado. En aquel momento, el Tribunal Supremo nada más había abierto una causa en que se le investigaba por un presunto delito de revelación de secretos. "No puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos", sostenía Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y conservadora. Denunciaba que nunca habría "imaginado" que la Fiscalía "podría encontrarse en una situación tan crítica y lamentable en la que quien la dirige se encuentra investigado en causa penal".

La declaración de García Ortiz ante el juez

Este pasado miércoles, Álvaro García Ortiz declaró ante el juez que le investiga. Fue la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado declaraba como investigado en el Supremo. Negó haber participado de ninguna manera en la filtración de los correos. Durante una hora y media, respondió solo a su defensa (ejercida por la Abogacía del Estado) y se negó a contestar al juez, esgrimiendo que hay diligencias que no conoce y otros que el instructor ha impedido y que no puede ejercer el derecho de defensa porque todo está basado en la "violación" de su despacho (que fue registrado por la Guardia Civil), que catalogó como un hecho "sin precedentes". Tampoco contestó a las acusaciones populares, mientras que la fiscal decidió no preguntar alegando que no se había resuelto el recurso de nulidad contra el registro de la Guardia Civil. Álvaro García Ortiz denunció que aquel registro fue "invasivo para los derechos fundamentales".