Catalunya hizo historia hace una década, en octubre del 2014, cuando el Parlament aprobó una ley pionera en el estado para defender los derechos de las personas LGTBI y la lucha contra la homofobia. Diez años después, esta ley ha dado un paso más a la cámara catalana, ya que la propuesta de modificación para "fortalecer la garantía de los derechos LGTBI y erradicar el LGTBIfobia" presentada por PSC, Junts, ERC, comunes y la CUP, ha superado el debate a la totalidad en el Parlament sin que se presentara ninguna enmienda en contra. Los partidos que han propuesto la iniciativa han destacado la importancia de modificar la ley, que ahora continúa con su trámite parlamentario, para protegerla ante el auge de la extrema derecha, también en el país. El objetivo de los grupos es poder aprobar definitivamente la modificación durante este periodo de sesiones.
Se trata de una modificación integral y que supone cambiar y "mejorar", han defendido los partidos, una cincuentena de artículos de la ley, que cambia de nombre. Si en el 2014 esta se aprobó como Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, ahora este cambia y será para erradicar la "LGTBIfobia", incluyendo la lesbofobia que sufren las mujeres lesbianas y que hasta ahora quedaba fuera del título.
Lucha contra las terapias de conversión
También se armoniza el régimen sancionador con la ley por la Igualdad de Trato y No Discriminación o se tipifica como "falta muy grave" el uso de las terapias de aversión o conversión, es decir, aquellas que van dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Sin ir más lejos, este mes de enero, el ministerio de Igualdad empezó a investigar una denuncia contra siete diócesis, entre las cuales las de Barcelona, ante la queja de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión por el hecho de que estas habían convocado y acogido charladas que promueven terapias de conversión de la homosexualidad, que quedan explícitamente prohibidas en la ley trans. Además, la proposición de ley también añade una visión interseccional al texto para fortalecer la protección de las personas migradas, racializadas y refugiadas que forman parte del colectivo LGBTI.
Desde el PSC, su portavoz Elena Díaz, ha sacado pecho que con esta modificación de la ley queda demostrado que la "defensa de los derechos y las personas LGTBI es una prioridad para el Govern y para la mayoría de este Parlamento", asegurando que es necesaria una legislación "fuerte, adaptada a los tiempos actuales y que defienda los derechos de las personas LGTBI". Desde Junts, Maria Àngels Planes, ha agradecido el trabajo hecho a las entidades, asegurando que el Parlament aprueba hoy una "propuesta necesaria, valiente y comprometida", celebrando que las "fuerzas democráticas" hagan bastante para garantizar que se refuercen derechos a Catalunya, que "siempre ha estado una tierra de derechos y de libertades".
La exconsellera de Igualtat i Feminismes y ahora diputada de ERC en el Parlament, Tània Verge, ha pedido aprovechar la oportunidad para proteger los derechos reconocidos en la ley del 2014 y reforzarlos en el nuevo contexto, en qué estos, considera, están amenazados por el auge de la extrema derecha. Desde los comunes y la CUP, Susanna Segovia y Pilar Castillejo, se han manifestado en términos muy parecidos.